La negociación del salario mínimo para 2026 entró en su fase decisiva con posiciones aún distantes entre trabajadores y empresarios, quienes mantienen incrementos de referencia del 16 % y 7,21 %, respectivamente. Aunque ambos sectores aseguran tener disposición al diálogo, la brecha sobre el porcentaje final mantiene un escenario de incertidumbre para el mercado laboral y empresarial del país. El Ministerio de Trabajo espera que las partes logren un acuerdo antes del 15 de diciembre, fecha límite para la concertación.

Durante la más reciente ronda, los sindicatos y gremios se reunieron por separado con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para revisar las propuestas. El encuentro se dio en medio de un calendario ajustado y un entorno macroeconómico en el que la inflación anual ha cedido frente a los niveles observados en 2022 y 2023, mientras la productividad total de los factores aún muestra señales débiles, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

Las centrales obreras mantienen su solicitud de un aumento del 16 %, cifra que consideran necesaria para compensar el costo de vida acumulado, proteger el ingreso real de los hogares y enviar una señal de recuperación interna. Fabio Arias, presidente de la CUT, advirtió que sin una oferta en doble dígito por parte de los empresarios “no habrá acuerdo”, lo que dejaría al Gobierno con la potestad de fijar el aumento por decreto. Según los sindicatos, la discusión también está marcada por tensiones políticas recientes, lo que podría influir en la expectativa de una decisión “generosa”.

Del lado empresarial, los gremios insisten en una propuesta del 7,21 %, sustentada en la evolución de la inflación, la baja productividad y los efectos que un incremento mayor podría tener en el empleo formal. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, afirmó que existe “voluntad para concertar”, pero reiteró que el ajuste debe hacerse “con responsabilidad”, teniendo en cuenta la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 80 % del empleo del país. Para el sector productivo, un alza más allá del 10 % afectaría la generación de puestos de trabajo formales e incrementaría los costos operativos en un entorno aún frágil.

El ministro Sanguino reconoció que las propuestas actuales no son inamovibles y destacó que las partes han mostrado una disposición para aproximarse a un consenso. El jefe de la cartera recordó que el Gobierno cumple una doble función, actuar como árbitro técnico y representar el interés de la ciudadanía en la discusión. Esto abre la puerta a un punto intermedio, en un rango donde la inflación esperada y las proyecciones de crecimiento se convierten en variables determinantes.

Aunque la negociación está a cargo del Ministerio de Trabajo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que la postura del Gobierno se acerca a un incremento en doble dígito, cercano al 10 %. De concretarse este escenario, el salario mínimo pasaría de $1.423.500 a $1.565.850, lo que significaría un aumento de $142.350. Este sería un ajuste intermedio que alivia, en parte, la carga para las empresas sin desproteger del todo el poder adquisitivo de los trabajadores.

Bajo la propuesta de los sindicatos, el salario mínimo llegaría a $1.651.260, un incremento de $227.760. En contraste, la propuesta empresarial del 7,2 % elevaría el ingreso mensual a $1.525.992, un aumento de $102.492 frente al salario actual. El diferencial entre cada cifra refleja el reto principal de la mesa tripartita: equilibrar el impacto sobre el consumo, la formalidad y la estabilidad macroeconómica.

El desenlace de esta negociación tendrá efectos directos sobre más de 2,5 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo y sobre cerca del 70 % de los contratos y tarifas reguladas que se indexan anualmente a esta cifra. Además, incidirá en los costos laborales de las empresas durante 2026, un año en el que se espera una recuperación gradual del crecimiento económico, con proyecciones entre 1,5 % y 2,2 % según distintos centros de análisis.

De no alcanzarse un acuerdo el 15 de diciembre, el Gobierno podrá definir unilateralmente el incremento, como ya ha ocurrido en años recientes. No obstante, desde el Ministerio se mantiene el optimismo frente a un “punto de encuentro técnico”, en un contexto donde la inflación continúa moderándose y el mercado laboral exhibe signos de mejora gradual.