La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de $7.000 millones a la Electrificadora del Huila (Electrohuila) por establecer barreras que restringieron la libre competencia en 55 procesos de contratación pública, una práctica similar a la de otras seis empresas sancionadas.

La SIC determinó que Electrohuila aplicó dos condiciones restrictivas. La primera fue un cobro del 0,1% o 0,01% del presupuesto oficial como “derecho a participar” en las invitaciones públicas, una medida que desincentivó a potenciales oferentes y violó principios de contratación pública, como igualdad y economía.

La segunda restricción prohibió presentar ofertas mediante uniones temporales o consorcios, impidiendo alianzas estratégicas y limitando la participación de agentes en el mercado. Estas prácticas, según la SIC, redujeron la competencia y afectaron la transparencia en los procesos.

Tras la investigación, la actual gerencia de Electrohuila suspendió las condiciones restrictivas, eliminó el cobro por participación y permitió figuras plurales en la contratación. Estas modificaciones, alineadas con las normas de libre competencia, le valieron a la empresa una reducción significativa de la multa. La SIC destacó que las empresas de servicios públicos deben evitar privilegios injustificados y respetar principios administrativos para garantizar procesos equitativos.

La sanción subraya la necesidad de transparencia en la contratación pública, especialmente en servicios esenciales como la energía, donde la competencia fomenta eficiencia y beneficios para los consumidores.