Standard & Poor’s redujo la calificación soberana de Colombia, llevando la deuda en moneda extranjera de BB a BB- y la local deBB+, con perspectiva estable, ubicando al país en su peor nivel desde 1993, cuando la agencia comenzó a evaluarlo. La medida refleja déficits fiscales elevados, aumento de la deuda y una política fiscal menos predecible tras la suspensión de la regla fiscal, situando al país en grado especulativo.

La agencia también degradó la evaluación de transferencia y convertibilidad de BBB- a BB+, indicando un mayor riesgo de cumplir obligaciones en escenarios de estrés externo. S&P estima que el déficit fiscal del gobierno general alcanzará 5,6% del PIB en este año, por encima del 5,3% de 2025, con una deuda pública en ascenso en los próximos años.

Aunque la perspectiva se mantiene estable, S&P advierte que podría recortar la calificación en 6 a 18 meses si los déficits superan lo previsto, aumentan las salidas de capital o se debilita la credibilidad del Banco de la República. Analistas locales señalan que la rebaja confirma tendencias de mercado, donde los bonos colombianos ya cotizaban a tasas de un país BB-, comparables con Turquía y Brasil.

La medida sigue a rebajas anteriores de Fitch y Moody’s, consolidando un panorama donde Colombia opera en mercados internacionales con primas de riesgo de emisores especulativos, a pesar de mantener Baa3 en Moody’s. Esto encarece el financiamiento del Gobierno y, a través de tasas de referencia más altas, afecta créditos hipotecarios, de consumo y corporativos.

S&P advierte que la mejora solo será posible si el Gobierno logra reducir sostenidamente el déficit fiscal, estabiliza la deuda y refuerza la previsibilidad de la política económica. Mientras tanto, Colombia se ubica en un grupo de riesgo similar al de Turquía, Honduras y Mongolia, con vulnerabilidad frente a choques externos y necesidad creciente de financiamiento internacional.

El impacto de esta rebaja no se limita al financiamiento público. Los analistas advierten que mayores tasas de interés y primas de riesgo elevadas podrían trasladarse a consumidores y empresas, encareciendo créditos hipotecarios, de consumo y corporativos. Además, la percepción internacional del país como emisor más riesgoso podría frenar inversiones extranjeras, afectando el crecimiento y la capacidad del Gobierno para ejecutar proyectos estratégicos.