La junta directiva de Ecopetrol se reunirá el día hoy para tomar una decisión sobre la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la compañía, luego de más de dos semanas de deliberaciones sin un resultado definitivo. El encuentro se da bajo presión de sindicatos, inversionistas y en medio de cuestionamientos por el impacto reputacional de las investigaciones penales en su contra.

El directorio ha evaluado al menos tres escenarios, mantener a Roa en el cargo con seguimiento reforzado, concederle una licencia temporal o solicitar su salida. La falta de consenso ha prolongado la incertidumbre tanto al interior de la empresa como en el mercado, en un momento en que cualquier decisión debe ser reportada de inmediato a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por tratarse de un emisor listado en Nueva York.

Siete de los nueve miembros de la junta tienen previsto además reunirse con el presidente Gustavo Petro antes de anunciar una determinación. Su posición se ha vuelto un factor clave en la definición, dado que el Gobierno es el accionista mayoritario de la petrolera.

El caso de Roa tomó fuerza desde el mes pasado, cuando la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presunto tráfico de influencias y violación de topes en la financiación de la campaña presidencial de 2022. La investigación incluye un negocio inmobiliario en el que habría pagado cerca de 34% menos que el valor de mercado, operación que las autoridades relacionan con posibles presiones sobre una filial de la compañía.}

La discusión no ocurre en el vacío. Ecopetrol reportó una caída sostenida en sus resultados, con utilidades que pasaron de 33,4 billones de pesos en 2022 a 9 billones en 2025, según informes financieros de la empresa. Esto representa una reducción cercana al 73% en tres años, en un contexto de menores precios del crudo, mayores impuestos y aumento en costos financieros. El Ebitda se ubicó en 46,6 billones de pesos en 2025, un descenso de 13,8% frente al año anterior, con un margen que cayó a alrededor de 40%.

La presión también viene del frente laboral. La Unión Sindical Obrera ha pedido la salida de Roa y no descarta convocar una huelga si la junta decide mantenerlo. Al mismo tiempo, accionistas minoritarios han advertido sobre el riesgo que la situación representa para la valoración bursátil y el costo de financiamiento de la empresa.

Ecopetrol ha reiterado que la imputación no equivale a una condena y que se respeta la presunción de inocencia. La junta activó un protocolo interno para evaluar los riesgos legales y reputacionales antes de tomar una decisión. Sin embargo, versiones de prensa indican que existe división entre sus miembros, lo que explica la falta de un desenlace hasta ahora.

El mercado sigue atento. Analistas han señalado que, más allá de los resultados operativos, la incertidumbre sobre el gobierno corporativo puede aumentar la prima de riesgo que exigen los inversionistas. El desenlace de la reunión de hoy marcará no solo el futuro inmediato de la administración, también la señal que envía la principal empresa del país sobre su capacidad de gestionar crisis en un entorno de alta exposición política y judicial.