El Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional suspender de manera urgente el Decreto Legislativo 0173, que creó un impuesto temporal al patrimonio para empresas, al advertir que su entrada en vigor generaría un “deterioro económico sin precedentes”. La petición se radicó ayer, 23 de marzo, a menos de una semana del primer pago previsto para el 1 de abril.
El decreto, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal, impone un gravamen de 0,5% sobre el patrimonio líquido de personas jurídicas con activos iguales o superiores a 200.000 UVT. El Gobierno espera recaudar 16,3 billones de pesos con esta medida para financiar la atención de la emergencia climática, que ha afectado a más de 250.000 personas.
El gremio empresarial sostiene que la Corte debe pronunciarse antes del vencimiento del impuesto para evitar efectos inmediatos sobre la liquidez de las compañías. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, afirmó: “miles de empresas no podrán pagar dicho tributo y terminarán por quebrarse”, en referencia a la obligación de pagar incluso en escenarios de pérdidas.
Impacto directo en empresas
El Consejo Gremial advierte que el impuesto, al calcularse sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, obliga a las empresas a disponer de caja aun cuando no estén generando ganancias. En la práctica, esto implica recurrir a endeudamiento para cumplir con la DIAN, aplazar inversiones y ajustar costos operativos.
Según el gremio, ya se observan decisiones empresariales orientadas a liberar liquidez, como recortes en contratación, reducción de compras y reprogramación de proyectos. El impacto sería mayor en compañías con altos niveles de activos pero márgenes estrechos, que enfrentarían una presión financiera inmediata en un contexto de tasas de interés elevadas.
El impuesto se pagará en dos cuotas durante 2026, en abril y mayo, lo que concentra la carga en un periodo corto. Para el sector privado, este diseño aumenta la presión sobre la liquidez de las empresas y puede traducirse en menor inversión y empleo formal, especialmente en compañías que superan el umbral definido.
Señalamientos de inconstitucionalidad
El eje central de la demanda del Consejo Gremial es que el decreto vulnera principios constitucionales. El recurso argumenta que el impuesto desconoce criterios de equidad y progresividad, además de constituir una forma de doble tributación sobre el patrimonio empresarial.
También cuestiona el uso de la emergencia económica para crear el tributo. Según el gremio, el Gobierno no demostró que la crisis climática no pudiera atenderse mediante mecanismos ordinarios, como ajustes presupuestales o reformas tramitadas por el Congreso. En ese sentido, señala posibles fallas en requisitos como conexidad y proporcionalidad exigidos por la Constitución.
La Corte Constitucional ya inició la revisión del decreto y deberá decidir si suspende provisionalmente la medida antes del 1 de abril o permite su aplicación mientras define de fondo su legalidad. Entre tanto, el Gobierno defiende el impuesto como una herramienta necesaria para cubrir un faltante fiscal estimado en 32,1 billones de pesos para 2026.
Revista COP 