El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que en la Comisión de Concertación existe una opinión mayoritaria para mantener el incremento de 23,7% del salario mínimo, pese a la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado.
Al término de la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el funcionario afirmó que, desde el lado empresarial, “hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7%”. Según explicó, las centrales sindicales coincidieron con esa postura.
Sanguino advirtió que una modificación ahora podría generar inestabilidad. De acuerdo con sus declaraciones, cambiar el porcentaje “generaría incertidumbres en el mercado laboral colombiano”, debido a que el ajuste salarial empezó a aplicarse desde enero en nóminas y contratos laborales.
El pronunciamiento se produce luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 y ordenara al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días. La decisión judicial exige justificar técnicamente el porcentaje del incremento con base en variables económicas y metodológicas verificables.
Mientras se define la nueva norma, el Gobierno convocó a la Comisión de Concertación para evaluar alternativas sobre el ajuste temporal. En ese espacio, según el ministro, predominó la idea de no modificar el incremento vigente para evitar ajustes posteriores en contratos, pagos y acuerdos laborales.
El jefe de la cartera laboral sostuvo además que el Ejecutivo acatará la orden judicial y expedirá el decreto transitorio solicitado. Sin embargo, dejó entrever que la propuesta que se presentará al presidente buscaría mantener el porcentaje actual, ahora sustentado con una metodología explícita.
Las declaraciones evidencian un escenario particular: aunque el aumento fue demandado por distintos sectores, dentro de la mesa de diálogo laboral se estaría configurando un consenso para conservarlo mientras se resuelve de fondo el proceso judicial que determinará la legalidad definitiva del incremento.
Revista COP 