El Parlamento de Venezuela aprobó una profunda reforma a la Ley de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a una mayor participación de capital privado y extranjero, marcando un giro histórico frente al modelo impulsado por Hugo Chávez y reforzando el nuevo escenario político y energético tras la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

La reforma, promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue aprobada de forma unánime en segunda discusión por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo. El cambio es considerado por analistas y exfuncionarios del sector como una ruptura con más de dos décadas de estatización y control estatal sobre la principal industria del país.

Rodríguez defendió la reforma asegurando que mantiene “la impronta del comandante Chávez” y responde a la visión de futuro del país, aunque expertos como el exministro de Petróleo Rafael Ramírez han calificado la medida como la “erradicación” del modelo petrolero chavista.

La reforma, compuesta por 34 artículos, modifica de manera sustancial la ley promulgada en 2001 y reformada en 2006 por Chávez, que fortaleció el control estatal a través de PDVSA. Con los cambios, se habilita una mayor participación privada en actividades primarias como exploración, extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

Uno de los cambios más relevantes es que empresas privadas podrán asumir la gestión técnica y operativa de proyectos, incluso en empresas mixtas donde PDVSA conserve al menos el 50% de participación. También se abre la puerta para que socios privados puedan comercializar directamente el crudo, algo que hasta ahora estaba limitado.

La ley permite además que las controversias contractuales puedan resolverse mediante mecanismos alternativos como mediación y arbitraje, un punto clave para atraer inversión extranjera tras las expropiaciones realizadas durante el chavismo.

Flexibilización fiscal y reglas para atraer inversión

En materia fiscal, la reforma mantiene la regalía base del 30%, pero introduce la posibilidad de reducirla en función de la viabilidad económica de los proyectos. También se habilita al Ejecutivo para disminuir el impuesto sobre la renta y se eliminan varias cargas parafiscales y contribuciones especiales que pesaban sobre las petroleras.

Estos cambios buscan mejorar la rentabilidad de los proyectos y hacer más atractivo el ingreso de capital extranjero, en momentos en que Venezuela necesita reactivar su producción petrolera y recuperar ingresos fiscales.

Licencias de EE. UU. y nuevo marco bilateral

En paralelo, la Administración Trump emitió una licencia general que flexibiliza las sanciones y permite determinadas transacciones con el Gobierno venezolano y PDVSA, facilitando el ingreso de petroleras estadounidenses. La medida reemplaza el esquema anterior de licencias individuales, como la otorgada a Chevron.

No obstante, la licencia impone condiciones, como que los pagos se realicen a través de cuentas controladas por Estados Unidos y que los contratos se rijan por leyes estadounidenses.

Expertos consideran que la reforma marca el fin práctico del modelo de soberanía petrolera impulsado por Chávez y abre una nueva etapa en la industria, con mayor protagonismo del sector privado y una creciente influencia de Estados Unidos en el negocio petrolero venezolano. Si quieres, también puedo ajustarla a un tono más neutro, más crítico o más financiero.