El decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional disparará los precios del licor y el tabaco en 2026, alterando la estructura de ingresos departamentales y abriendo un debate sobre recaudo, contrabando y salud pública en Colombia.

La decisión, materializada en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, busca robustecer las arcas del Gobierno Central con más de 11 billones de pesos adicionales para el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, el mecanismo elegido reconfigura tributos que históricamente han sido pilares de financiación regional, en especial los asociados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos.

El cambio más sensible es el aumento del IVA a licores, vinos y aperitivos del 5 % al 19 %. Ese 5 % era renta directa de los departamentos; ahora el incremento se centraliza, lo que implica un reordenamiento de recursos que reduce el margen fiscal territorial. Para los gobernadores, el ajuste no solo afecta su caja inmediata, sino su capacidad de financiar sectores como salud y deporte, que dependen en buena medida de estos gravámenes.

En términos de precios, el impacto será visible para el consumidor. Una botella de aguardiente de 750 mililitros que hoy ronda los 50.000 pesos podría acercarse a los 63.000 pesos. En tabaco, una cajetilla de 20 cigarrillos, que antes pagaba cerca de 4.068 pesos en impuestos, podría superar los 11.200 pesos, más del doble. Estos movimientos alteran la elasticidad de la demanda y presionan el mercado formal.

Desde una óptica macroeconómica, la medida refuerza el recaudo nacional en el corto plazo, pero introduce riesgos de mediano plazo si el consumo legal se contrae. La experiencia comparada en América Latina muestra que alzas abruptas en impuestos al consumo suelen desplazar parte de la demanda hacia mercados informales cuando no vienen acompañadas de controles efectivos.

Los gobernadores advierten que el encarecimiento puede incentivar contrabando y adulteración, fenómenos que erosionan ingresos y generan costos sanitarios adicionales. En departamentos con alta presencia de mercado ilegal, el efecto podría ser doble: menor recaudo y mayor presión sobre sistemas de salud ya tensionados.

El decreto también amplía el IVA a los juegos de suerte y azar por internet y reduce de 200 a 50 dólares el umbral de exclusión para compras por tráfico postal y envíos urgentes, encareciendo el comercio electrónico transfronterizo y afectando hábitos de consumo de bajo valor.

El sector de bebidas alcohólicas anticipa un golpe significativo. Según Beatriz Jaramillo, directora de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA), el impacto total podría oscilar entre 80 % y 160 %, con un efecto particularmente severo en vinos, que perdieron su tarifa diferencial. A esto se suman presiones por el alza del salario mínimo y cambios laborales que encarecen costos operativos.

De cara a 2026, el desafío será equilibrar mayor recaudo nacional con estabilidad de ingresos regionales y control del mercado ilegal. Sin una estrategia de fiscalización robusta y coordinación con los departamentos, el país podría ganar ingresos en el centro y perderlos en la periferia, con efectos económicos y sociales aún por calibrar.