El presidente Gustavo Petro decretó un aumento significativo del impuesto al patrimonio, elevando la tarifa máxima del 1,5 % al 5 %. La medida, adoptada en el marco de la emergencia económica, busca reforzar el recaudo fiscal y financiar políticas sociales en medio de crecientes presiones sobre las cuentas públicas.

El Gobierno colombiano dio un giro de alto impacto a su política tributaria tras decretar el incremento del impuesto al patrimonio, una decisión que ubicó al país en el primer lugar del ranking mundial de gravámenes a la riqueza en términos nominales. El ajuste forma parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer los ingresos del Estado en un contexto de déficit fiscal elevado y mayores exigencias de gasto.

Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que el nuevo esquema no afecta a la mayoría de los ciudadanos. El presidente Petro defendió la medida al señalar que el esfuerzo fiscal debe recaer sobre los patrimonios más altos, en una economía caracterizada por profundas brechas de desigualdad y una alta concentración de la riqueza.

Quiénes pagarán el nuevo impuesto

Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto comienza a aplicarse a personas naturales con patrimonios netos iguales o superiores a los $2.000 millones, bajo un esquema progresivo. La tarifa máxima del 5 % se reserva para fortunas que superen los $100.000 millones. El ministro Germán Ávila explicó que menos del 1 % de los contribuyentes estaría alcanzado por el tributo y que solo un grupo reducido pagará la tasa más alta.

El Gobierno sostiene que la estructura busca una redistribución más efectiva del esfuerzo tributario, en contraste con esquemas anteriores que, según el Ejecutivo, tenían un impacto limitado sobre los grandes patrimonios.

Comparación internacional y recaudo esperado

Con la nueva alícuota, Colombia supera a países como Noruega, Suiza y España, que mantienen impuestos al patrimonio con tasas más bajas o bases imponibles más elevadas. Analistas internacionales han señalado que, aunque existen propuestas similares en economías desarrolladas, pocas se aplican con umbrales tan bajos como los establecidos en Colombia.

El Ministerio de Hacienda estima que el nuevo impuesto podría generar cerca de $4 billones adicionales en 2026, recursos clave para atender compromisos sociales y reducir el desequilibrio fiscal. Actualmente, el déficit del Gobierno Central ronda el 6,5 % del PIB, mientras las calificadoras de riesgo mantienen la lupa sobre el nivel de endeudamiento del país.

La decisión no estuvo exenta de cuestionamientos. Economistas y asesores financieros advirtieron sobre posibles efectos adversos, como el aumento de la evasión, la salida de capitales y cambios en la residencia fiscal de grandes fortunas. También anticipan eventuales demandas ante la Corte Constitucional, lo que podría añadir incertidumbre jurídica a la medida.

Pese a las críticas, Petro reiteró que los patrimonios generados en Colombia deben tributar en el país y ratificó que la reforma responde a una definición política orientada a una mayor redistribución de la riqueza. Con el decreto, el debate sobre el modelo fiscal y el rol de los impuestos a la riqueza vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica nacional.