El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición inmediata de un arancel del 25% a la importación de determinados chips avanzados de cómputo, en una decisión que, según la Casa Blanca, busca fortalecer la seguridad nacional y estimular la fabricación local de semiconductores.

La medida, formalizada mediante una orden ejecutiva, afecta a procesadores de alto rendimiento utilizados en inteligencia artificial y centros de datos, entre ellos el H200 de Nvidia y el MI325X de AMD. Según una ficha técnica divulgada por la administración estadounidense, el gravamen aplicará incluso cuando los chips sean fabricados en terceros países, como Taiwán, y posteriormente ingresen a Estados Unidos antes de ser enviados a clientes en otras jurisdicciones, incluida China.

Trump defendió la decisión con un argumento económico directo. “No es el nivel más alto, pero es un nivel muy bueno. Y China los quiere, y otra gente los quiere, y vamos a ganar el 25% de la venta de esos chips, básicamente”, afirmó el mandatario.

No obstante, el arancel no será universal. La Casa Blanca estableció exenciones para importaciones destinadas a investigación, desarrollo tecnológico, mantenimiento o reposición de equipos en territorio estadounidense, así como para proyectos que contribuyan a fortalecer la cadena de suministro nacional de semiconductores. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, tendrá la facultad de determinar excepciones adicionales en casos considerados estratégicos.

La administración justificó la medida bajo la sección 232 de la legislación estadounidense, que permite imponer restricciones comerciales por razones de seguridad nacional. Según el Gobierno, Estados Unidos consume cerca del 25% de la producción mundial de semiconductores, pero solo fabrica alrededor del 10% de lo que necesita, lo que lo hace vulnerable a interrupciones externas.

En paralelo, la Casa Blanca advirtió que el arancel podría ampliarse a otros tipos de semiconductores y productos derivados, una vez concluyan negociaciones comerciales en curso. También se evalúan incentivos para atraer inversiones privadas en plantas de fabricación de chips dentro de Estados Unidos.

El anuncio llega en medio de incertidumbre jurídica sobre la política arancelaria de Trump. La Corte Suprema tenía previsto pronunciarse sobre la legalidad de ciertos aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pero hasta ahora no ha emitido fallo. El caso podría determinar si la administración debe reembolsar tarifas ya cobradas o si deberá recurrir a otras vías legales para mantener su estrategia comercial.

Pese a este escenario, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la capacidad del Gobierno para recaudar ingresos por aranceles no está en riesgo. “Lo que no está en duda es nuestra capacidad para seguir recaudando aranceles aproximadamente al mismo nivel”, señaló.

Con esta decisión, Washington profundiza su política de presión comercial y tecnológica sobre China y otros proveedores internacionales, al tiempo que intenta reconfigurar las cadenas globales de suministro de semiconductores a favor de la producción doméstica.