La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión inmediata del decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno oficializó el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, al advertir presuntas fallas legales y riesgos económicos.
El gremio pidió que el decreto sea suspendido de manera provisional mientras se adelanta el análisis judicial de fondo, con el argumento de proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país. Según Fenalco, la decisión del Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente para la fijación del salario mínimo.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el Gobierno sustituyó las variables obligatorias definidas por la ley —inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional— por criterios que no tienen respaldo normativo. En ese sentido, cuestionó que el concepto de “salario vital” se haya construido con base en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según el gremio, no tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano.
La demanda también señala que se habría desconocido la competencia técnica exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elemento central para la medición de la inflación. Para Fenalco, el decreto no explica de manera clara cómo se pasó de variables económicas que, a su juicio, justificaban un ajuste del 6,21%, a un incremento del 23%, sin un sustento técnico verificable.
Desde el punto de vista económico, el gremio advierte que los efectos del aumento ya comienzan a sentirse y que su aplicación podría generar impactos irreversibles. Entre ellos, menciona mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas, en un contexto en el que la inflación aún no logra ubicarse dentro del rango meta del Banco de la República.
Fenalco estima que el incremento podría derivar en la pérdida de cerca de 772.340 empleos y en el cierre de un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas. Cabal enfatizó que la acción judicial no va en contra de los trabajadores, sino que busca evitar que el alza salarial termine erosionando su poder adquisitivo por efectos inflacionarios.
La demanda del gremio se suma a una tutela presentada el pasado 8 de enero en Bogotá por Alexander Donato Rondón, quien pidió dejar sin efectos el decreto al considerar que vulnera el debido proceso y el principio de concertación tripartita. El accionante solicitó la intervención urgente de la justicia constitucional, argumentando un perjuicio inmediato mientras se decide la suspensión por la vía ordinaria.
Revista COP 