El presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo decretado por su Gobierno y advirtió que se están preparando acciones jurídicas para proteger la medida, luego de que se interpusieran tutelas que buscan suspender el ajuste del 23,7 %, incluido el auxilio de transporte.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario aseguró que el incremento, al que denominó “salario vital”, tiene respaldo constitucional y cuestionó los argumentos que lo califican como inconstitucional o como un factor directo de inflación. “Alistarse para salir a las calles”, escribió Petro, en referencia a la defensa política y social del decreto ante los recursos judiciales en curso.
El jefe de Estado recordó que ya existen antecedentes jurídicos sobre este tipo de decisiones. En 2016, el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el aumento del salario mínimo de ese año por falta de justificación técnica suficiente, aunque la decisión no tuvo efectos retroactivos sobre los pagos realizados. Ese fallo dejó claro que, cuando no hay acuerdo tripartito, el Gobierno debe sustentar de manera sólida los criterios usados para fijar el ajuste.
Según Petro, el cálculo del salario mínimo se apoyó en cifras oficiales del Dane sobre el costo de una canasta básica mínima para los hogares colombianos. En ese sentido, cuestionó que durante décadas no se haya aplicado plenamente el mandato constitucional de garantizar un ingreso que cubra las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
El presidente también rechazó las advertencias sobre un impacto inflacionario inmediato del aumento. A su juicio, las principales presiones sobre los precios provienen del encarecimiento de los alimentos y de problemas estructurales del sector agropecuario, más que del costo laboral. En ese contexto, afirmó que las empresas que trasladen de forma automática el alza del salario mínimo a los precios finales incurrirían en prácticas especulativas que deberían ser sancionadas.
Desde la óptica económica, el incremento —el más alto en décadas— genera efectos mixtos. Por un lado, mejora el ingreso real de cerca de 2,4 millones de trabajadores formales que devengan el salario mínimo y puede impulsar el consumo interno. Por otro, eleva los costos laborales de las empresas, impacta el gasto público debido a la indexación de múltiples tarifas y transferencias, y podría generar presiones inflacionarias indirectas o afectar el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, Petro anunció que su Gobierno promoverá un proyecto de ley para que el concepto de salario mínimo vital y familiar quede incorporado como referencia obligatoria en futuros decretos salariales, una iniciativa que será debatida por el próximo Congreso, en un contexto marcado por el año electoral.
Revista COP 