Tras más de 25 años de negociaciones, el Consejo de la Unión Europea aprobó este viernes la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, un paso clave para la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, aunque el tratado aún debe superar el trámite del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

La decisión fue adoptada por mayoría cualificada de los 27 Estados miembros del bloque, pese a la oposición expresa de países como Francia, Polonia e Irlanda, que han advertido sobre el impacto del acuerdo en sus sectores agropecuarios. Con el respaldo alcanzado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar el próximo lunes a Paraguay para rubricar formalmente el tratado con los países del Mercosur.

El acuerdo involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros fundadores del bloque sudamericano, y apunta a eliminar aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral. De concretarse plenamente, dará origen a un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores, convirtiéndose en uno de los mayores pactos comerciales del mundo.

El camino hasta este punto ha estado marcado por fuertes tensiones políticas y económicas dentro de la Unión Europea, en especial por la resistencia del sector agrícola. Productores europeos temen una mayor competencia de productos sudamericanos como carne, arroz, miel o soja, que podrían ingresar al mercado europeo con precios más bajos. Para atender estas preocupaciones, la Comisión Europea incluyó cláusulas de salvaguardia que limitan los cupos de importación sin arancel y prevén intervenciones en caso de desestabilización del mercado.

Además, Bruselas anunció mecanismos de vigilancia que permitirían abrir investigaciones si los precios de productos del Mercosur son significativamente inferiores a los europeos o si las importaciones crecen de forma abrupta. También se comprometió a reforzar las normas sobre residuos de pesticidas en productos importados, uno de los principales reclamos de los agricultores.

Mientras países como España y Alemania defienden el acuerdo como una herramienta para diversificar los socios comerciales de Europa frente a la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos, otros gobiernos mantienen reservas. Francia, por ejemplo, ha visto renovadas protestas del sector agrícola y adoptó medidas temporales para frenar la entrada de productos tratados con sustancias prohibidas en la UE.

Pese a la aprobación del Consejo, el tratado aún enfrenta un escenario incierto. El Parlamento Europeo deberá votar su ratificación en las próximas semanas y cerca de 150 eurodiputados han advertido que podrían acudir a instancias judiciales para frenar su aplicación, lo que mantiene abierto el debate sobre el futuro del acuerdo.