El Gobierno nacional planteó un aumento transitorio en la tarifa de energía que pagarán todos los usuarios del país, con el objetivo de atender la millonaria deuda de la empresa Air-e, intervenida por el Estado, y reducir riesgos para la estabilidad del sistema eléctrico.

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de decreto que crea un cargo adicional de $8 por kilovatio hora (kWh) a toda la demanda conectada al Sistema Interconectado Nacional. Este cobro temporal busca generar recursos para cubrir las obligaciones que Air-e mantiene con los actores de la cadena energética, especialmente con los generadores, a quienes adeuda cerca de $2 billones.

En la práctica, la medida implica que el pasivo de la empresa que presta el servicio en gran parte de la región Caribe no sea asumido directamente ni por Air-e, ni por el Gobierno nacional, ni por un agente particular del mercado, sino que sea distribuido entre todos los usuarios del servicio de energía en Colombia a través de la tarifa.

El proyecto de decreto señala que el objetivo central es fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, en especial en las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Además, establece lineamientos de política energética para cuantificar la llamada energía firme complementaria, asociada a nuevas tecnologías, dentro del esquema de confiabilidad del sistema.

Mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) diseña e implementa, en un plazo máximo de seis meses, un nuevo esquema para mitigar riesgos operativos y evitar apagones, el cargo de $8 por kWh funcionaría como un mecanismo complementario de recaudo. Los recursos obtenidos serían distribuidos entre los agentes a los que empresas como Air-e les adeudan pagos.

El decreto también plantea que la CREG tendrá hasta 18 meses para reglamentar la cuantificación y remuneración de la energía firme complementaria proveniente de fuentes renovables como la solar y la eólica, con el fin de diversificar la matriz eléctrica y reforzar la seguridad del suministro.

Entre analistas persisten dudas sobre el impacto regulatorio de la propuesta. Expertos del sector han señalado que, aunque el cargo se recauda a través del sistema, serían los comercializadores quienes asumirían inicialmente el costo, el cual terminaría trasladándose al usuario final. También se advierte que la medida podría sentar un precedente para futuras crisis financieras dentro del mercado eléctrico colombiano.