Las reacciones de los gremios empresariales al aumento del salario mínimo para 2026 continúan acumulándose. El ajuste, definido por decreto y que llevó el ingreso mensual a cerca de $2 millones incluyendo el auxilio de transporte, ha generado alertas desde distintos sectores productivos, que advierten impactos sobre precios, empleo, informalidad e inflación.

Desde la construcción, Camacol señaló que el incremento salarial podría encarecer hasta en un 10 % el precio de la vivienda de interés prioritario (VIP). Este tipo de vivienda está indexado al salario mínimo, por lo que cualquier aumento se traslada de manera automática al valor final. A esto se suma el mayor costo de la mano de obra, los insumos y los servicios asociados, lo que reduciría la accesibilidad para los hogares de menores ingresos, especialmente aquellos con empleos informales o ingresos inestables.

Las preocupaciones también llegaron al sector automotor. Asopartes advirtió que el alza del salario mínimo impactará los costos de los servicios de posventa, mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas, lo que podría traducirse en mayores precios para los usuarios. El gremio alertó además sobre un posible aumento de la informalidad, particularmente en talleres mecánicos y pequeños servicios técnicos que no tendrían capacidad para asumir el mayor costo laboral, poniendo en riesgo el empleo formal.

En el transporte de carga, Fedetranscarga aseguró que la decisión elevará los costos de producción, impulsará la inflación y reducirá la competitividad nacional y exportadora, afectando con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas. El gremio explicó que los salarios de los conductores ya representan el 17,5 % de la estructura de costos del sector y que el costo mensual de un trabajador administrativo que devenga salario mínimo aumentará de forma significativa, un ajuste que califican como difícil de sostener. Además, recordó que por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo, el Estado debe desembolsar cerca de $400.000 millones adicionales.

Pymes, inflación e informalidad

Desde el ámbito regional, el Comité Intergremial de Caldas cuestionó el aumento del 23 %, al considerarlo alejado de criterios técnico-económicos como la inflación y la productividad. Su presidente, Marcelo Salazar Velásquez, advirtió que un ajuste de esta magnitud puede destruir empleos, frenar nuevas contrataciones y aumentar la informalidad, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Una postura similar expresaron ACOPI y la ANDI. La presidenta de ACOPI, Marielena Ospina, señaló que el impacto real para una micro o pequeña empresa puede representar un incremento cercano al 30 % en el costo total por trabajador, lo que podría derivar en congelamiento de contrataciones, mayor informalidad y tercerización.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, alertó sobre riesgos para la inflación, el empleo y las finanzas públicas, y cuestionó que la decisión se haya tomado sin una concertación amplia.

En conjunto, los gremios coincidieron en que, aunque el aumento busca mejorar el ingreso de los trabajadores, su magnitud podría generar efectos adversos sobre la economía y pidieron al Gobierno medidas complementarias que mitiguen el impacto sobre las empresas y el empleo formal.