El Gobierno Nacional, mediante el decreto 1390 de 2025, declaró formalmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días. La medida se toma tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, dejando al Ejecutivo sin una fuente legal para cubrir un faltante presupuestal de $16,3 billones, lo que la administración califica como una «amenaza grave e inminente al orden económico».

A través de esta herramienta constitucional, el presidente Gustavo Petro asume facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley. El argumento central del decreto de 20 páginas es la incapacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y servicios públicos ante la falta de recursos, sumado a presiones financieras como deudas con el sistema de salud (UPC), compromisos con víctimas del conflicto y obligaciones contractuales atrasadas que superan los $5 billones.

Bajo el amparo de la emergencia, se espera que el Gobierno publique en los próximos días una batería de decretos tributarios orientados a captar ingresos de manera inmediata. Entre las opciones que baraja el Ministerio de Hacienda se encuentran la implementación del 5×1000, la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y ajustes en el IVA. También se contemplan mayores gravámenes al consumo de alcohol, cigarrillos, vapeadores y alimentos ultraprocesados, así como cargas adicionales a la extracción de combustibles fósiles.

De mantenerse activas estas medidas hasta marzo, las proyecciones iniciales sugieren un recaudo adicional de aproximadamente $1,1 billones. Estas acciones buscan mitigar el impacto de las sentencias judiciales pendientes y el riesgo fiscal derivado del archivo de las dos últimas reformas tributarias. Además, se incluiría un impuesto de renta más elevado para el sector financiero y un gravamen al patrimonio de personas naturales con un enfoque más progresivo.

Incertidumbre jurídica y control institucional

La celeridad de la declaratoria ha despertado dudas sobre su constitucionalidad. Históricamente, la Corte Constitucional ha sido rigurosa al evaluar si factores como el hundimiento de una ley en el Congreso o deudas acumuladas califican como hechos «imprevistos y extraordinarios». El alto tribunal deberá realizar un control automático para determinar si el Ejecutivo desbordó sus competencias al utilizar la emergencia para sustituir un trámite legislativo ordinario que fracasó.

Paralelamente, el decreto establece que se citará al Congreso para ejercer control político sobre cada una de las normas expedidas durante este mes de facultades especiales. Mientras se definen los detalles de los nuevos tributos, el mercado y los sectores productivos permanecen en alerta máxima ante el posible encarecimiento de costos operativos y el impacto en el consumo que traería la nueva carga impositiva diseñada bajo este estado de excepción.

Aquí el Decreto de Emergencia Económica