La Contraloría General de la República emitió una alerta tras identificar un hueco fiscal de $16,29 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2026. El organismo de control advirtió que los ingresos aprobados de $530,7 billones son insuficientes para cubrir los $546,9 billones en gastos autorizados, lo que hace inevitable un ajuste severo mediante políticas de austeridad.

Esta advertencia surge en un momento de alta tensión institucional, luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento que pretendía cubrir dicho faltante. Ante este escenario, el ente de control señaló que el recorte del gasto público es el camino más realista, dado que la alternativa de la emergencia económica —evaluada por el Gobierno— se enfrenta a una compleja incertidumbre jurídica y fiscal.

El principal desafío para el Ministerio de Hacienda radica en la estructura del presupuesto. Según el análisis técnico del organismo, aproximadamente el 92% del gasto es inflexible, lo que significa que la mayoría de los recursos están comprometidos en rubros intocables como el pago de nóminas, pensiones y transferencias al Sistema General de Participaciones.

La distribución proyectada para 2026 muestra que el 66% de los recursos se destinarán a funcionamiento y el 19% al servicio de la deuda pública, la cual es ineludible. Esto deja a la inversión pública con un margen de apenas el 15%, un porcentaje que además se ve restringido por vigencias futuras ya comprometidas en proyectos de infraestructura y servicios esenciales.

La Contraloría también puso el foco en la gestión administrativa. Las cifras de ejecución presupuestal han sido históricamente bajas: en 2024, el compromiso de recursos de inversión apenas alcanzó el 58%, y a pocos días de cerrar el 2025, esta cifra apenas ronda el 54%.

Para el organismo, el desbalance fiscal no se resuelve únicamente con recortes, sino con una mejora drástica en la planificación. La recomendación es auditar gastos operativos no estructurales, como contratos de prestación de servicios, viáticos y publicidad, evitando a toda costa afectar los servicios públicos esenciales.

El mensaje para el Ejecutivo es claro. Sin reforma tributaria y con ingresos estancados, la disciplina fiscal es la única herramienta para evitar que el déficit comprometa la estabilidad macroeconómica del país en el mediano plazo.