El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno declarará la emergencia económica para cubrir el desbalance fiscal de $16,3 billones. La medida surge tras el archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso, buscando asegurar recursos para el presupuesto de 2026 mediante decretos extraordinarios.
La decisión, comunicada en la sede del Banco de la República, responde a lo que el Ejecutivo califica como una situación sin precedentes. Según Ávila, es contradictorio que el Legislativo aprobara un presupuesto basado en ingresos de una reforma que posteriormente negó. «Estamos terminando de concretar una medida con la cual pretendemos lograr esos recursos a los que no ha sido posible acudir», puntualizó el jefe de la cartera.
El Gobierno sustenta esta declaratoria en el artículo 215 de la Constitución, argumentando que el déficit generado y la crisis en el sistema de salud constituyen hechos extraordinarios que no pueden ser atendidos por facultades ordinarias. Esta figura permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley con la firma de todos sus ministros, agilizando la obtención de ingresos sin el trámite legislativo tradicional.
Sin embargo, el anuncio ha encendido las alarmas en centros de pensamiento y gremios. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que acudir a este mecanismo excepcional genera incertidumbre sobre el respeto a las reglas fiscales. Además, señaló que esta vía podría afectar la confianza del sector productivo y la percepción de estabilidad jurídica del país.
Control y desafíos institucionales
Pese a la autonomía que otorga la emergencia, el Gobierno enfrentará dos filtros determinantes:
- Control de la Corte Constitucional: El alto tribunal realizará un examen automático para verificar si el hundimiento de una reforma tributaria es realmente un hecho «imprevisible» o si es una contingencia política que debió manejarse por vías legales comunes.
- Control Político: El Congreso mantendrá su facultad de revisar y debatir las causas y medidas adoptadas durante el estado de excepción, el cual puede durar hasta 30 días prorrogables.
El mercado financiero permanece atento a la publicación oficial del borrador, ya que de la solidez técnica de este decreto dependerá la estabilidad de los indicadores de inversión para el cierre del año.
Revista COP 