La negociación del salario mínimo para 2026 cerró sin acuerdo en la mesa de concertación, luego de que las centrales obreras mantuvieran su postura de un incremento del 16 %, muy por encima de la propuesta del sector empresarial y de las cifras que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. Ante el estancamiento, las organizaciones sindicales presentaron formalmente sus salvedades al Ministerio del Trabajo, en un documento dirigido al ministro Antonio Sanguino.

El principal punto de quiebre fue el porcentaje de aumento. Mientras los empresarios han defendido un ajuste cercano al 7 %, apoyado en variables como inflación, productividad, crecimiento económico y metas del Banco de la República, los sindicatos —CUT, CGT y CTC— insistieron en que el alza debe responder al concepto de salario mínimo vital y móvil. Según explicaron, este enfoque está respaldado por la Constitución y por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierten que el salario mínimo actual no cubre el costo real de una canasta básica para una familia promedio.

Con un incremento del 16 %, el salario mínimo para 2026 se ubicaría en $1.650.680 mensuales, una cifra que, a juicio de las centrales obreras, permitiría mejorar de forma tangible el poder adquisitivo de los hogares y reducir la brecha entre ingresos laborales y costo de vida.

En el documento presentado al Gobierno, los sindicatos también cuestionan los argumentos que alertan sobre eventuales efectos negativos de un aumento por encima de la inflación, como mayor desempleo o informalidad. Señalan que los incrementos recientes, que superaron el IPC, no derivaron en desequilibrios macroeconómicos significativos y, por el contrario, contribuyeron a sostener el consumo interno.

Otro punto clave del debate es la indexación de tarifas y precios que se ajustan automáticamente con el salario mínimo. Las centrales consideran que este mecanismo termina erosionando el impacto real del aumento salarial y afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que plantean la necesidad de revisarlo.

Las confederaciones de pensionados CPC y CDP acompañaron en términos generales la postura sindical, aunque incluyeron una salvedad específica. Advirtieron que incrementos muy superiores al IPC pueden afectar a los pensionados con mesadas mayores a un salario mínimo, que solo se reajustan con inflación, generando una pérdida relativa de poder adquisitivo.

Ante la falta de consenso, los sindicatos pidieron que, si el incremento del salario mínimo debe definirse por decreto, el Gobierno tenga en cuenta los argumentos expuestos. La decisión final, que recaerá en el Ejecutivo de no lograrse un acuerdo, será clave para el rumbo económico y social del país en 2026.