El futuro de la reforma tributaria del Gobierno Petro podría definirse esta semana en medio de un escenario político adverso y una correlación de fuerzas que, según los propios congresistas, no favorece su avance. Las comisiones económicas conjuntas retomarán la discusión de las ponencias, incluida la positiva que impulsa el Ejecutivo, y de la que dependerá si la iniciativa sigue en trámite o se archiva definitivamente.

El proyecto, que busca recaudar cerca de $16 billones en 2026, ha enfrentado un obstáculo central, la falta de respaldo político. Partidos como Cambio Radical y el Liberal ya anunciaron que votarán en contra, alegando que el país “no necesita más impuestos”, y que el ajuste fiscal debe venir por recorte del gasto. Otros partidos, como el Centro Democrático, La U y el Verde, no han fijado posiciones de bancada, pero varios de sus integrantes se han manifestado en contra en los últimos meses.

Ese ambiente llevó a que se radicaran dos ponencias negativas. La más sólida es la firmada por 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera, lo que anticipa una mayoría suficiente para el hundimiento. La otra, presentada por la representante Katherine Miranda, también recomienda archivar el proyecto.

El 26 de noviembre se discutieron ambas ponencias, pero la sesión terminó sin decisiones de fondo por falta de quórum luego de que varios congresistas abandonaran el recinto. La Comisión Tercera de la Cámara alcanzó a votar, pero la Cuarta no. La interrupción obligó a reprogramar el debate.

La ponencia positiva del Gobierno, a la espera de ser votada

El Gobierno aún tiene una carta sobre la mesa, la ponencia positiva construida junto a algunos ponentes y coordinadores, en cuatro sesiones entre octubre y noviembre. Ese texto mantiene medidas como:

• IVA del 19 % a juegos de azar digitales.
• Aumento de la sobretasa al sector financiero.
• Cambios en el impuesto al patrimonio.
• Ajustes en retención en la fuente y tributos al consumo.

Es esta ponencia la que debe ser votada para que la reforma siga adelante. Sin embargo, la correlación de fuerzas anticipa un camino cuesta arriba.

Tiempos al límite y un riesgo fiscal latente

Al calendario legislativo también se le agotó el margen. Las comisiones económicas solo sesionan un día por semana, y el Congreso tiene plazo hasta el 16 de diciembre para aprobar los cuatro debates de una reforma estructural. Podría extenderse un par de semanas si se convocan sesiones extraordinarias, pero incluso eso no garantiza un cambio en el ambiente político.

Si la discusión se aplaza para febrero, la reforma entraría en vigencia en 2027, lo que impediría al actual gobierno incrementar sus ingresos en 2026 —año clave para financiar el Presupuesto General de la Nación—, más allá de los impuestos que aplican de inmediato, como ciertos ajustes al IVA.

La falta de mayorías también plantea dudas sobre la utilidad de insistir en el articulado en sesiones extraordinarias, pues varios congresistas han dejado claro que su rechazo no se debe a los tiempos legislativos, sino a razones de fondo.

En medio de este escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, asistió a las comisiones económicas el pasado 2 de diciembre para insistir en la urgencia de aprobar una ley de financiamiento que permita cerrar la brecha fiscal y respaldar los compromisos del Presupuesto de 2026.

Ávila reiteró la disposición del Gobierno de seguir construyendo acuerdos, pero hasta ahora no ha logrado revertir la tendencia dominante. Un Congreso dividido y escéptico frente a nuevos impuestos en un año de presiones económicas y tensiones políticas.

El debate continuará este 10 de diciembre, día en el que se espera que las comisiones conjuntas definan si la reforma sigue con vida o si, como anticipa la mayoría, termina archivada.