Una reciente investigación de Portafolio reveló las inconsistencias técnicas, financieras y contractuales detrás de la compra del sistema táctico CIBER-CASE por parte de la Fiscalía General. Su análisis destapa un posible caso de sobrecostos, fallas en los filtros de contratación y riesgos para el manejo del presupuesto público, en una entidad clave para la seguridad nacional.

En diciembre de 2022, la Fiscalía firmó un contrato por cerca de $690 millones para adquirir un sistema móvil de extracción de señales conocido como “maletín espía”. La investigación de Portafolio advierte sobre la velocidad del proceso, que se adjudicó en apenas 19 días mediante contratación directa, sustentada en una exclusividad tecnológica que, según documentos internos citados por el medio, no existía plenamente.

De acuerdo con la investigación, el CIBER-CASE es un maletín rígido que integra varios celulares y opera con G-NetTrack Pro, una aplicación comercial que cuesta cerca de $55.000 pesos colombianos en la tienda de Google. Aun así, el equipo se presentó ante la Fiscalía como un producto táctico exclusivo de alto nivel.

En la investigación se consultó a fuentes técnicas que señalaron que el dispositivo carece de sofisticación diferencial y que existen alternativas más robustas por valores hasta $150 millones menores. A nivel económico, esto sugiere un posible sobreprecio o, al menos, una decisión de gasto poco eficiente.

Incluso la propia Fiscalía reconoció en documentos revisados por el medio que el hardware “podía encontrarse en condiciones similares en el mercado”. Sin embargo, aun con este reconocimiento, la entidad acudió a la contratación directa, reduciendo competencia y elevando el valor final del contrato.

Un modelo que infló artificialmente el valor del sistema

El maletín fue inventado en 2020 por José Eliécer Mora, funcionario de la misma Fiscalía, quien lo patentó antes de ceder los derechos a particulares. La patente terminó en manos de F4RNETCELL SAS, una empresa con solo $30 millones de capital, mientras que el software fue registrado por Franklin Herrera Suárez, quien luego integró ambos componentes para comercializarlos como un producto único.

El medio muestra que la exclusividad alegada por la Fiscalía recaía solo sobre el software, mientras que el maletín —el hardware— era simplemente un elemento representado comercialmente por Herrera. Esto implica que el valor del hardware pudo haber sido inflado, al ser presentado dentro de un paquete cerrado, reduciendo la competencia y limitando la posibilidad de comparar precios.

Desde la óptica económica, esta estructura se asemeja a una venta atada, una práctica que perjudica la eficiencia del gasto público y puede encarecer artificialmente los bienes adquiridos por el Estado.

Un contratista con salto empresarial inexplicable, según la investigación

Portafolio también analizó la trayectoria de Franklin Herrera, quien pasó de tener pequeños contratos con el Ejército entre $14 y $55 millones, a convertirse en contratista de la Fiscalía con contratos de cientos de millones. Para los expertos citados por el medio, ese salto no se explica por robustez empresarial ni por experiencia técnica certificada.

Otro elemento crítico que revela Portafolio son los antecedentes judiciales que relacionan a Herrera tanto con investigaciones en Colombia por violación de comunicaciones y hurto informático, como con el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda. Algunas investigaciones habían prescrito, pero estaban activas cuando era contratista de entidades del Estado.

Desde la perspectiva del gasto público, esto plantea un riesgo evidente, la selección de proveedores sin filtros efectivos pone en riesgo el patrimonio del Estado y la confiabilidad de los sistemas adquiridos.

Un proceso exprés que compromete la eficiencia del gasto público

La adjudicación se hizo en solo 10 días calendario, un plazo que Portafolio califica como insuficiente para evaluar, instalar, validar y probar sistemas de inteligencia tan sensibles. Para economistas del sector público, procesos acelerados con baja competencia suelen terminar en despilfarro, costos inflados y adquisiciones de bajo desempeño.

Todo esto, concluye la investigación, configura un escenario de alto riesgo fiscal y un ejemplo de cómo decisiones de gasto mal fundamentadas pueden afectar la capacidad operativa del Estado. En un contexto donde grupos criminales operan con tecnología avanzada, comprar equipos básicos, costosos y sin verificación rigurosa, reduce la capacidad del Estado para enfrentar amenazas reales.