La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que un incremento del salario mínimo cercano al 11% para 2026 tendría efectos adversos en la economía, al ubicarse muy por encima de la inflación proyectada y trasladar mayores cargas a empresas y hogares. El gremio señaló que, con un ajuste de ese tamaño, la remuneración mínima total alcanzaría los $2.800.499.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, explicó que un alza que duplique la inflación esperada termina neutralizando cualquier mejora real en el ingreso de los trabajadores. Según dijo, el fenómeno de indexación hace que los incrementos salariales impulsen nuevos aumentos de precios, de modo que “se convierte en lo comido por lo servido”.
El gremio advirtió además que un aumento de dos dígitos impactaría con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan dificultades para sostener sus costos laborales. En ese escenario, muchas compañías podrían recurrir a contrataciones por fuera de la formalidad o reducir personal para ajustarse al gasto.
Otro de los puntos señalados por Fenalco es el efecto que tendría este ajuste sobre las decisiones del Banco de la República. Cabal afirmó que un incremento de tal magnitud dificultaría que la entidad continúe bajando las tasas de interés, debido a la presión inflacionaria que generaría en los meses siguientes.
El gremio también llamó la atención sobre el impacto fiscal. Cada punto porcentual por encima de la inflación encarece la nómina estatal, recordó el dirigente, lo que implica mayores desembolsos desde los recursos que pagan los contribuyentes. A esto se suma la carga adicional que recaería sobre el sector público para sostener sus estructuras laborales.
Entre los grupos que resultarían afectados se encuentran los pensionados que reciben más de un salario mínimo, cuyas mesadas solo se ajustan según la inflación causada. Fenalco señaló que un incremento desmesurado ampliaría la brecha entre el costo de vida y el ingreso real de esta población.
Cabal concluyó que las decisiones en discusión deben analizarse con cuidado, pues incrementos elevados “elevan los costos para el Gobierno, alimentan la inflación, estimulan la informalidad y no generan beneficios sostenibles para la economía”.
Revista COP 