Colombia logró que más de 300.000 personas saliera de la pobreza energética en 2024, según la nueva edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (Impe), elaborado por Promigas y su Fundación en alianza con Inclusión SAS. Sin embargo, el progreso no oculta un desafío estructural, uno de cada seis colombianos aún carece de energía suficiente, continua o adecuada para estudiar, trabajar, cocinar o realizar actividades esenciales. En total, cerca de 8,1 millones de personas enfrentan esta condición.
El Impe, presentado durante el Congreso de Naturgas, se consolidó como la herramienta más robusta para entender las privaciones energéticas del país. Evalúa cinco dimensiones críticas, acceso a gas natural, electricidad, combustibles para cocinar, eficiencia en el uso de la energía y gasto energético de los hogares. Cada una permite identificar dónde están las fallas y qué tipo de intervenciones se requieren en el corto y mediano plazo.
El informe muestra que la pobreza energética se redujo de 16,1% en 2023 a 15,4% en 2024. Aunque este descenso permitió que más de 300.000 personas mejoraran sus condiciones energéticas, revela también que las brechas territoriales continúan siendo profundas.
Mientras Bogotá (1,4%), Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%) presentan los niveles más bajos de privación, los rezagos se concentran en regiones donde históricamente la infraestructura energética ha sido limitada. Chocó (52,8%), Córdoba (45%), La Guajira (63,1%) y Vaupés (86,5%) figuran como los departamentos más rezagados, reflejando la brecha entre centros urbanos integrados y territorios rurales remotos o no interconectados.
La diferencia regional tiene impacto directo en el desarrollo. En zonas urbanas, la energía permite estudiar, teletrabajar y acceder a servicios digitales; mientras que en los territorios más afectados la falta de electricidad o combustibles limpios limita la productividad, la salud y la educación. Es una línea divisoria que amplifica desigualdades sociales y económicas.
Cuatro frentes críticos en los hogares más vulnerables
El análisis de Promigas identifica las áreas donde se concentran las principales privaciones:
- Calidad del servicio eléctrico
El 57,9% de las personas en pobreza energética vive en municipios con interrupciones frecuentes o prolongadas. Sin continuidad, la electricidad pierde funcionalidad real, incluso cuando está disponible. - Energía adecuada para cocinar
El 56,6% de los hogares pobres energéticos sigue usando leña, carbón o desechos, frente a una incidencia mínima en la población no pobre. Esto afecta salud, productividad y genera mayores costos de tiempo. - Equipamiento básico del hogar
El 80,9% carece de lavadora, el 47,7% de nevera y el 38,7% de estufa. Sin estos electrodomésticos, la energía disponible no se traduce en bienestar ni eficiencia doméstica. - Dispositivos para educación y conectividad
El 98,8% no tiene computador o tableta y el 77,3% carece de internet. La pobreza energética se convierte así en una barrera educativa y laboral.
Aceleración necesaria para alcanzar la meta de 2030
Hoy el país avanza reduciendo la pobreza energética en cerca de 0,75 puntos porcentuales por año. Si mantiene este ritmo, solo alcanzará el dígito en 2034. Para lograrlo en 2030, Colombia debería elevar el ritmo a un punto porcentual anual, es decir, sacar cerca de 490.000 personas por año de esta condición.
El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, afirma que el Impe es “una hoja de ruta para transformar vidas y cerrar brechas históricas”, y advierte que la meta de 2030 es alcanzable si se implementan intervenciones aceleradas y focalizadas.
La hoja de ruta propone cuatro acciones clave:
- Recuperar y ampliar la calidad del servicio eléctrico.
- Implementar el Plan Nacional de Sustitución de Leña.
- Ampliar la dotación de electrodomésticos y dispositivos educativos.
- Garantizar energía eléctrica en todos los colegios del país.
Incluso con el cumplimiento de esta meta, el informe estima que alrededor de 5,1 millones de personas seguirían en pobreza energética en 2030, lo que exige políticas de largo plazo.
Revista COP 