El cierre más largo del Gobierno de Estados Unidos en décadas terminó oficialmente, pero el país aún no vuelve a la normalidad. Más de 800.000 empleados federales regresaron esta semana a sus puestos después de seis semanas sin sueldo, mientras las agencias intentan reactivar operaciones clave interrumpidas por la falta de financiación.
El impacto económico del cierre, que duró 43 días, se extiende más allá de los pasillos gubernamentales, afectando desde el tráfico aéreo hasta la investigación científica, el procesamiento de impuestos y los programas sociales.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el cierre le costó a la economía estadounidense más de US$11.000 millones, de los cuales alrededor de US$3.000 millones se consideran pérdidas permanentes por menor productividad y retrasos en contrataciones públicas.
En el sector aéreo, los aeropuertos más transitados —como el Ronald Reagan de Washington y el JFK de Nueva York— aún enfrentan cancelaciones y demoras por la lenta reincorporación de los controladores y técnicos de seguridad. “Estamos operando con una plantilla reducida y un enorme volumen de trabajo acumulado”, admitió un supervisor de la Administración Federal de Aviación (FAA).
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por su parte, advirtió que los laboratorios tardarán varios días en reanudar los controles de calidad y análisis de productos alimentarios, una demora que podría tener implicaciones sanitarias y comerciales.
Sectores más afectados: impuestos, educación y asistencia social
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) enfrenta uno de los mayores cuellos de botella. Según el Sindicato de Empleados del Tesoro Nacional, la tramitación de declaraciones y reembolsos podría retrasarse hasta tres meses, debido a más de 40 días de correspondencia sin procesar.
En el ámbito educativo, funcionarios del Departamento de Educación indicaron que se acumularon más de 2.000 quejas ante la Oficina de Derechos Civiles, la mayoría relacionadas con denuncias de discriminación hacia estudiantes con discapacidad. “Nos tomará semanas ponernos al día, y la incertidumbre sigue siendo alta”, señaló un empleado de esa dependencia.
Los programas sociales tampoco escapan a la parálisis. Beneficiarios de cupones de alimentos y otras ayudas federales reportaron demoras en los desembolsos, mientras que los gobiernos locales intentan suplir temporalmente las necesidades básicas de las familias más vulnerables.
Inestabilidad presupuestal y riesgos para el primer trimestre
Aunque el Congreso y la Casa Blanca lograron un acuerdo temporal, la ley firmada por el presidente Donald Trump solo garantiza financiación hasta el 30 de enero, lo que mantiene el riesgo de otro cierre a corto plazo.
“Este no es un regreso a la normalidad. Lo único que se ha hecho es aplazar el problema”, advirtió Max Stier, presidente de Partnership for Public Service, un grupo no partidista que analiza la gestión pública federal.
Para los analistas, la incertidumbre fiscal podría afectar la confianza del consumidor y de los inversionistas. Si el gobierno vuelve a detenerse, el impacto se sentiría directamente en el gasto público, la recaudación y los niveles de empleo federal, lo que representaría un golpe adicional a la economía más grande del mundo en pleno cierre de año fiscal.
Revista COP 