Los gremios del sector energético encendieron las alarmas frente al Proyecto de Ley 432 de 2025, conocido como “Regulación Justa”, impulsado por el Ministerio de Minas y Energía. En una carta dirigida al ministro Edwin Palma Egea y a las comisiones quintas del Congreso, las agremiaciones advirtieron que la iniciativa no reducirá las tarifas, sino que podría aumentar los costos para los usuarios y debilitar la confiabilidad del sistema energético nacional.

La comunicación fue firmada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP, la Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, lo que representa una posición unificada de prácticamente todo el sector.

Los gremios recordaron que participaron activamente en la discusión del anteproyecto, presentando observaciones para fortalecer la seguridad energética y garantizar la eficiencia del servicio. Sin embargo, tras revisar el texto final, concluyeron que varias disposiciones no atienden los desafíos técnicos ni financieros del sector.

“El proyecto no reduce tarifas y genera incertidumbre regulatoria”, señalaron en el documento, enfatizando que los cambios propuestos “podrían provocar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la sostenibilidad del sistema”.

Riesgo de desabastecimiento y deterioro financiero

De acuerdo con los gremios, el país enfrenta un riesgo creciente de desabastecimiento de energía y gas debido al retraso en proyectos de generación y transmisión. Según cifras del operador del mercado mayorista, en los últimos cinco años solo ha entrado en operación menos del 30 % de la generación comprometida, mientras que más del 50 % de los proyectos de transmisión presentan demoras significativas.

A esto se suma la crítica situación financiera de los comercializadores de energía, que acumulan saldos por recuperar cercanos a $6 billones, de los cuales el 68 % corresponde a deudas públicas nacionales y territoriales. Además, el Estado mantiene pendientes los giros de subsidios a usuarios vulnerables, una deuda que ya supera los $2,8 billones, afectando la liquidez del sistema.

Ante este panorama, las agremiaciones plantearon cinco medidas urgentes que —afirman— podrían ejecutarse sin necesidad de aprobar un nuevo proyecto de ley:

1. Garantizar el pago de los subsidios de energía y gas pendientes a usuarios vulnerables.
2. Cumplir el compromiso del presidente Gustavo Petro, asumido en 2024, de que la Nación cubriría los saldos de la opción tarifaria.
3. Definir el futuro de la empresa Air-e en la región Caribe y sanear sus deudas con otros agentes del mercado.
4. Contratar estudios técnicos independientes que evalúen las reformas propuestas con rigor y plazos adecuados.
5. Asegurar la ejecución de proyectos energéticos con respaldo social, ambiental y jurídico, para atraer inversión y garantizar el abastecimiento.

Llamado al diálogo técnico y a la estabilidad regulatoria

Los gremios coincidieron en que comparten el objetivo del Gobierno de mejorar las condiciones de los usuarios, pero insistieron en que los ajustes al modelo tarifario deben basarse en evidencia técnica, concertación y estabilidad institucional.

“Se requiere un equilibrio razonable entre tarifas eficientes y la garantía de sostenibilidad del servicio, con empresas viables, sean públicas, privadas o mixtas”, advirtieron los firmantes.

Finalmente, hicieron un llamado al Ejecutivo y al Congreso a abrir un diálogo técnico transparente, que priorice la seguridad energética, la confianza de los inversionistas y la estabilidad jurídica como pilares del desarrollo económico y social del país.