El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026 ya encendió las alarmas en el sector económico. La propuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, de ajustar el salario en torno al 10,8%, lo que lo llevaría a cerca de $1.800.000, generó una rápida respuesta de Fedesarrollo, que advirtió sobre los riesgos de un incremento desbordado frente a la inflación proyectada.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que un aumento de esa magnitud podría presionar los precios al alza, especialmente en los sectores donde la mano de obra representa un alto componente de los costos. “Un pequeño comerciante con márgenes de 2% o 3%, si enfrenta un aumento salarial de 11% en su principal costo de operación, no tiene otra alternativa que trasladar ese incremento al consumidor final”, señaló.

Mejía recordó que los efectos del ajuste de 9,54% aplicado en 2025 —también por encima de la inflación del año anterior (5,2%)— todavía se sienten. “El país lleva cuatro meses con una inflación estancada por encima del 5%. Esto muestra que incrementos salariales muy por encima del costo de vida tienden a frenar la reducción de la inflación”, apuntó.

De cara a la instalación de la mesa de concertación salarial, prevista para el 1 de diciembre, Fedesarrollo pidió que la discusión combine criterios técnicos y sociales. “El reto es proteger el poder adquisitivo de los hogares sin poner en riesgo la estabilidad de precios”, sostuvo Mejía, quien subrayó que la política salarial debe alinearse con los objetivos de inflación del Banco de la República y con la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

El centro de estudios insistió en que la decisión sobre el salario mínimo debe considerar no solo la inflación pasada, sino también la productividad laboral, la informalidad y la capacidad real del tejido empresarial para absorber los incrementos. Un aumento desmedido, concluyó, “podría traducirse en mayor informalidad, pérdida de empleo y menor competitividad en el corto plazo”.