Más de 5 millones de personas en Colombia aún no cuentan con agua potable, cerca de 12,5 millones carecen de alcantarillado sanitario y 8,6 millones no tienen servicio de recolección de basuras, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.
El pronunciamiento se realizó durante el foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones”, en el que la entidad advirtió que la desigualdad territorial, la baja calidad del agua y el recorte presupuestal proyectado para 2026 podrían profundizar las brechas estructurales entre lo urbano y lo rural.
“No es posible garantizar el derecho a la vida, la salud o una vivienda digna sin agua potable y saneamiento básico. Estas falencias se convierten en factores de discriminación contra quienes habitan los territorios más apartados”, señaló la Contraloría durante el evento.
Entre 1993 y 2024, los avances han sido modestos. La cobertura urbana aumentó apenas 3,2 % en acueducto, 11,8 % en alcantarillado y 16,1 % en recolección de basuras.
La brecha entre las zonas rurales y urbanas continúa siendo amplia. En 2024, fue del 36 % en acueducto, 78,4 % en alcantarillado y 67,5 % en aseo. En la Amazonía, la cobertura de acueducto apenas alcanza el 46,8 %, mientras que en la Región Andina llega al 93,6 %. Además, persisten deficiencias en la continuidad del servicio, más de 190 municipios reciben agua por menos de 12 horas al día.
Menos presupuesto, más riesgo
Uno de los puntos más críticos del informe es la reducción del 53 % en los recursos de inversión para agua y saneamiento en el Presupuesto General de la Nación 2026.
Los fondos asignados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pasarían de $1,5 billones en 2025 a $0,7 billones en 2026, lo que implica una disminución cercana a $800.000 millones.
A esta reducción se suma una baja ejecución presupuestal. Hasta el 18 de septiembre de 2025, el ministerio había ejecutado solo el 23 % de su inversión total, y en el componente de agua, saneamiento y basura cero, el 22 %.
“De mantenerse esta tendencia, se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos, afectando los avances logrados y ampliando las brechas regionales”, advirtió la CGR.
Infraestructura deficiente y hallazgos fiscales
La Contraloría también alertó sobre el deterioro de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). De las 684 evaluadas, solo el 39 % opera efectivamente, mientras que el resto presenta fallas estructurales o abandono, lo que genera el vertimiento de aguas contaminadas en ríos y mares.
Entre 2020 y el primer semestre de 2025, el organismo de control realizó 40 auditorías al Sistema General de Participaciones (SGP), con 137 hallazgos fiscales por $75.515 millones, y 71 auditorías a los Planes Departamentales de Agua (PDA), que arrojaron 231 hallazgos por $197.053 millones.
En cuanto a los proyectos financiados con regalías, se identificaron irregularidades en 174 iniciativas valoradas en $1,1 billones, con hallazgos fiscales por $170.664 millones.
En conjunto, los ejercicios de control fiscal arrojaron posibles daños al patrimonio público por más de $443.232 millones.
La Contraloría concluyó que garantizar el acceso al agua y al saneamiento debe convertirse en un objetivo estructural de la política pública, especialmente en zonas rurales y dispersas donde el rezago es histórico.
“Nuestro trabajo debe servir para corregir, anticipar riesgos y garantizar que las políticas públicas lleguen a quienes más lo necesitan”, enfatizó la entidad.
El panorama plantea un desafío urgente: mantener el avance en cobertura y calidad sin sacrificar recursos en uno de los sectores más sensibles para el bienestar y la equidad territorial del país.
Revista COP 