La crisis en el suministro de medicamentos en Colombia alcanzó un punto crítico. Según el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, presentado por la Defensoría del Pueblo, algunos usuarios del sistema de salud están destinando hasta el 90 % de sus ingresos mensuales para adquirir tratamientos que las EPS no entregan oportunamente.

El estudio, elaborado con base en 3.449 encuestas y datos oficiales del Ministerio de Salud, la Superintendencia y la Corte Constitucional, revela que la falta de acceso afecta por igual a afiliados de todos los regímenes, con un impacto mayor en zonas rurales, étnicas y de baja conectividad.

Entre los medicamentos más afectados están la Metformina, Insulina Glargina, Valsartán, Losartán, Quetiapina y Ácido Fólico, esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, trastornos mentales y salud materna.

“El acceso a medicamentos esenciales está mostrando señales de regresividad. Hoy no solo hay dificultades con tratamientos de alto costo, sino también con medicamentos básicos de atención primaria”, advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Más tutelas y mayor gasto de bolsillo

Entre enero de 2020 y agosto de 2025 se interpusieron más de un millón de tutelas relacionadas con el derecho a la salud, de las cuales 36,8 % corresponden a la falta oportuna de entrega de medicamentos o insumos.
La Superintendencia de Salud registra 685.000 reclamos, un promedio de 1.600 quejas diarias, mientras que la Defensoría ha recibido 107.000 denuncias entre 2022 y 2025.

El informe también identificó 584 medicamentos no entregados en lo corrido de 2025; el 48 % sigue sin solución, y el 61 % de los pacientes aseguró haber tenido que comprarlos por su cuenta.

Crisis estructural y regiones más afectadas

De acuerdo con la Defensoría, la situación obedece a retrasos en pagos entre EPS e IPS, falta de transparencia financiera, problemas logísticos y la rotación constante de gestores farmacéuticos, lo que ha desorganizado la cadena de suministro.

Las regiones con mayor afectación son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidas por La Guajira, Arauca, Putumayo y Nariño, donde la falta de acceso a medicamentos esenciales ha puesto en riesgo tratamientos vitales.

Durante la presentación del informe en Barranquilla, la defensora Marín propuso una reforma sanitaria estructural que incluya un tablero nacional de seguimiento a la entrega de medicamentos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos.

“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas. Nuestro deber es garantizar el derecho a la salud y aliviar el sufrimiento de millones de colombianos”, concluyó la funcionaria.