El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una reforma estructural que pretende modernizar el sistema eléctrico, mejorar la focalización de los subsidios y redistribuir la deuda acumulada por la llamada Opción Tarifaria, un mecanismo que durante años permitió aplazar incrementos en las facturas de energía.

La propuesta, liderada por el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, plantea cambios a las Leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos en Colombia. Su eje central es la corrección de los desequilibrios tarifarios que hoy afectan a los estratos más bajos, trasladando parcialmente ese peso económico hacia los usuarios de estratos 5 y 6, los grandes consumidores industriales y los usuarios no regulados.

Según el texto radicado, estos sectores asumirían la deuda acumulada por la Opción Tarifaria “bajo el principio constitucional de solidaridad”. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dispondrá de tres meses para definir los mecanismos técnicos y financieros que permitan calcular, liquidar y redistribuir los saldos, mientras que el Ministerio de Minas y Energía fijará los criterios de excepción en un mes, a fin de proteger a pequeños negocios y hogares vulnerables.

El alivio tarifario se aplicará de forma gradual durante un periodo máximo de 15 años. El Gobierno defiende la medida como un paso hacia la “justicia tarifaria”, argumentando que los usuarios con menor capacidad económica no deben seguir soportando el costo de la deuda acumulada del sistema.

Sin embargo, varios expertos del sector energético advirtieron que el proyecto traslada responsabilidades a quienes ya cumplieron con sus obligaciones. “El Estado debía asumir directamente esa deuda, como había prometido el exministro Ricardo Bonilla. Cargarla sobre estratos altos o empresas es distorsionar la estructura del sistema”, señalaron fuentes consultadas por Valora Analitik.

Subsidios más focalizados y facturas transparentes

Otro eje de la reforma es la redefinición de los subsidios eléctricos. El Ministerio de Minas y Energía establecerá nuevos criterios técnicos para garantizar que la ayuda llegue solo a los hogares que realmente la necesitan. Los subsidios se ajustarán según el consumo promedio regional, y podrán reducirse si se excede el umbral establecido, salvo en casos de fuerza mayor como condiciones climáticas extremas o dependencia médica del servicio.

Asimismo, el proyecto prohíbe incluir en la factura cobros ajenos al servicio eléctrico, como impuestos, tasas o contribuciones locales. Cada servicio público deberá totalizarse por separado, y los usuarios podrán pagarlos de manera independiente. Los entes territoriales tendrán un año para revisar sus tributos asociados al consumo energético o serán requeridos por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Estabilización de tarifas y transición energética

La iniciativa incorpora además un nuevo artículo en la Ley 143 de 1994 para crear mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales que reduzcan la volatilidad del precio de la energía. El Ministerio deberá diseñar en seis meses políticas que limiten la exposición de los usuarios a los precios de la bolsa, impulsen contratos de largo plazo y promuevan tarifas preferenciales para industrias verdes.

La CREG tendrá otros seis meses para desarrollar los aspectos técnicos, garantizando que los beneficios se reflejen en reducciones graduales de las tarifas finales. Con ello, el Gobierno busca proteger a los usuarios frente a los picos de precios asociados a fenómenos climáticos como El Niño y fortalecer la sostenibilidad del sistema.

En conjunto, la reforma plantea una reconfiguración profunda del modelo energético colombiano, que busca combinar equidad social con estabilidad financiera. No obstante, su aprobación dependerá de un debate legislativo que promete ser complejo, especialmente por el impacto que tendría sobre los sectores de mayor poder adquisitivo y la industria nacional.