El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026 por $546,9 billones, tras la votación definitiva en el Senado, que respaldó el texto con 50 votos a favor y 27 en contra, acogiendo sin cambios el documento previamente aprobado por la Cámara de Representantes. Con esta decisión, el proyecto quedó listo para la sanción presidencial antes del 20 de octubre, fecha límite constitucional.
El monto aprobado representa un incremento del 7 % frente al presupuesto vigente de 2025, equivalente a $511 billones, e incorpora $16,3 billones condicionados a la aprobación de una reforma tributaria que aún cursa en el Congreso. Este componente, de incierta aprobación, introduce un riesgo de financiación parcial si el proyecto no logra el aval legislativo a tiempo.
El presupuesto aprobado distribuye los recursos en $358,1 billones para funcionamiento, $100 billones para el servicio de la deuda y $88,4 billones para inversión, cifras que reflejan el esfuerzo del Gobierno por equilibrar sostenibilidad macroeconómica con continuidad social. El monto total equivale al 28,9 % del PIB nacional.
Los sectores sociales concentran la mayor parte del gasto. Educación recibirá $88,2 billones, consolidándose como el principal rubro del presupuesto, seguida de Salud y Protección Social con $78,1 billones, Defensa y Policía con $65,7 billones, Trabajo con $52,5 billones y Hacienda con $33,6 billones. Estos sectores absorberán cerca del 60 % del total asignado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación destacando que “el presupuesto refleja una gestión fiscal responsable, comprometida con la equidad social y la estabilidad macroeconómica”. El funcionario explicó que el aumento en Defensa cubrirá ajustes salariales, modernización tecnológica y proyectos de inversión para la fuerza pública.
Ajustes y redistribución
Durante el trámite legislativo, el Ministerio de Hacienda introdujo modificaciones por $2 billones, con el fin de atender solicitudes de los congresistas. Entre las adiciones más destacadas se encuentran $600.000 millones para la creación de una universidad de la Procuraduría y la construcción de su nueva sede, aprobadas en la Cámara; $200.000 millones adicionales para el Ministerio TIC; $150.000 millones para el Ministerio de Comercio; y $200.000 millones destinados al Ministerio del Deporte.
En contraste, entidades como la Defensoría del Pueblo registraron recortes por $150.000 millones, mientras que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) recibió una adición de $300.000 millones, orientada al Fondo Paz y a proyectos en zonas con sustitución de cultivos ilícitos.
A diferencia del año pasado, cuando el Congreso no logró aprobar el presupuesto de 2025, esta vez las bancadas oficialistas y aliadas priorizaron el consenso fiscal para evitar un vacío en la planeación presupuestal. El aval final despeja el camino para la ejecución del gasto a partir del 1 de enero de 2026, bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El principal reto será garantizar la ejecución eficiente y la trazabilidad de los recursos públicos, especialmente en inversión social e infraestructura. Además, la dependencia parcial de una reforma tributaria aún incierta plantea riesgos sobre el cumplimiento de metas fiscales y de endeudamiento.
Revista COP 