El nuevo Proyecto de Ley 283 de 2025, conocido como Ley de Financiamiento, ha reabierto uno de los debates más sensibles para la economía colombiana, el del impuesto al carbono. La iniciativa plantea un aumento del 108 % en la tarifa aplicable al combustible de aviación, con el argumento de fortalecer el recaudo fiscal y avanzar en metas ambientales. Sin embargo, para los sectores aeronáutico y turístico, la medida podría tener consecuencias adversas en la competitividad y el acceso al transporte aéreo.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el impacto del incremento sería inmediato, los tiquetes domésticos subirían de precio y las aerolíneas enfrentarían mayores costos operativos. Hoy, el 75 % de los pasajeros nacionales pertenece a los estratos 2 y 3, lo que evidencia que volar dejó de ser un lujo para convertirse en un servicio esencial. Cualquier ajuste tributario, advierten los gremios, afectaría directamente a la clase media y a la movilidad regional.

Según la Aeronáutica Civil, el combustible representa el 30,3 % del total de los costos de operación de las aerolíneas. Un aumento tributario en este componente se trasladaría inevitablemente al consumidor final. Actualmente, el 28,4 % del precio de un vuelo doméstico corresponde a tasas, impuestos y cargos, porcentaje que se elevaría con la nueva reforma.

Paula Bernal, Country Manager de IATA Colombia, alertó que “el aumento del impuesto al carbono del combustible de aviación tendría un fuerte impacto en la carga tributaria del transporte aéreo, encareciendo el servicio y limitando el acceso para los estratos medios y bajos”. La ejecutiva recordó que la propuesta va en contravía de la política de conectividad y turismo sostenible que impulsa el propio Gobierno Nacional.

El proyecto también incluye la eliminación de la exención de IVA a los servicios turísticos para extranjeros, lo que elevaría en cerca de 20 % el costo de los paquetes receptivos. Esta modificación pondría a Colombia en desventaja competitiva frente a destinos como Argentina, Chile, Ecuador y Perú, que mantienen incentivos tributarios para estimular la llegada de visitantes internacionales.

Una política ambiental sin hoja de ruta clara

Más allá del impacto económico, expertos advierten sobre la ausencia de una estrategia ambiental coherente que acompañe el alza del impuesto. El proyecto reduce del 50 % al 30 % el porcentaje de compensación ambiental que actualmente puede destinarse a proyectos de conservación, reforestación o energías renovables.

Esta reducción limitaría la capacidad del sector para invertir en mitigación de CO₂ y ralentizaría la transición hacia los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF), cuya producción mundial apenas alcanza el 0,7 % de la demanda. En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía apenas definió este año una hoja de ruta para la producción local de SAF, proceso que requerirá años de maduración tecnológica e inversión.

Sin incentivos y con mayor carga impositiva, los expertos temen que la reforma termine recaudando más sin reducir emisiones, reproduciendo el patrón observado en otras economías donde los llamados “impuestos verdes” no se tradujeron en mejoras ambientales significativas.

Riesgo de desaceleración en turismo y conectividad

El sector turismo aporta alrededor del 2,1 % del PIB colombiano y se ha convertido en uno de los motores de recuperación pospandemia. Sin embargo, la IATA advierte que la combinación del alza tributaria y la eliminación de exenciones podría revertir ese progreso, afectando no solo a las aerolíneas, sino a toda la cadena de valor turística: hoteles, agencias de viaje, transportadores terrestres y operadores regionales.

Un incremento sostenido en los precios de los tiquetes reduciría la frecuencia de los viajes internos, disminuiría la ocupación hotelera y podría generar una caída en el flujo de visitantes internacionales, afectando el ingreso fiscal de los departamentos más dependientes del turismo.

Además, en un país con geografía fragmentada y conectividad terrestre limitada, la aviación es esencial para la integración económica y social. Regiones como la Amazonía, el Chocó o San Andrés dependen del transporte aéreo para mantener sus actividades productivas y su acceso a bienes y servicios.

Desafíos para una política de sostenibilidad equilibrada

El reto para el Gobierno será armonizar los objetivos fiscales y ambientales con la competitividad sectorial. Una política de carbono efectiva requiere no solo gravámenes, sino también mecanismos de compensación, inversión en biocombustibles, incentivos para flotas más eficientes y financiamiento verde.

En ese sentido, gremios como la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes (Anato) y la Asociación de Transporte Aéreo en América Latina y el Caribe (ALTA) han propuesto alternativas, como destinar parte del recaudo a la modernización tecnológica del sector y al fomento de combustibles limpios, evitando que el impuesto se convierta en un obstáculo al desarrollo.

Si la reforma avanza sin ajustes, Colombia podría enfrentar una pérdida temporal de competitividad turística y un aumento de hasta 12 % en los costos promedio de los vuelos domésticos, según estimaciones de la industria. Esto impactaría la demanda interna, el flujo de viajeros internacionales y, en última instancia, la recaudación tributaria esperada.

El equilibrio entre sostenibilidad ambiental y crecimiento económico será determinante para los próximos años. Como advierten varios analistas, “un impuesto verde sin transición energética efectiva es simplemente un impuesto más”.

En un entorno global donde la aviación busca volar hacia la neutralidad en carbono, Colombia necesita definir si su política ambiental será un catalizador de innovación o una turbulencia fiscal que frene el desarrollo del sector.