La Contraloría General de la República encendió las alarmas por un posible detrimento patrimonial superior a 13 millones de dólares en el contrato 012 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la empresa Vertol Systems Company, encargada del mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
El ente de control advirtió que, pese a que el Gobierno desembolsó un anticipo de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50% del valor total del contrato —estimado en 32,4 millones de dólares—, el avance físico de ejecución apenas alcanza el 8%, a poco más de un mes de su vencimiento, previsto para el 15 de noviembre de 2025.
Según el informe, la brecha entre los fondos desembolsados y el progreso real del proyecto constituye un riesgo financiero “crítico” y podría derivar en la pérdida de recursos públicos.
La Contraloría señaló que la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y el supervisor del contrato habían advertido en repetidas ocasiones sobre los incumplimientos del contratista, mediante oficios enviados los días 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025. Sin embargo, el Ministerio de Defensa solo inició el proceso por incumplimiento contractual el 3 de septiembre, una respuesta considerada tardía ante la magnitud del riesgo.
El informe también subraya que Vertol Systems Company, una empresa extranjera sin bienes en Colombia, carece de respaldo financiero y técnico comprobado para la ejecución del contrato. Esta condición dificulta la aplicación de medidas de embargo o recuperación en caso de incumplimiento, y su naturaleza jurídica de sociedad de responsabilidad limitada impide que los socios respondan con su patrimonio personal.
Falencias en la supervisión y garantías insuficientes
La Contraloría encontró además debilidades en la evaluación económica, técnica y jurídica que permitió la adjudicación del contrato. Según el organismo, el Ministerio de Defensa consideró que Vertol cumplía con los requisitos financieros “con base en información limitada”, lo que habría vulnerado el principio de selección objetiva.
En cuanto a las garantías, se detectaron tres modificaciones en las pólizas de cumplimiento, incluyendo una prórroga hasta el 11 de marzo de 2025 con reducción en los porcentajes de cobertura.
De particular preocupación resulta la póliza No. 87580, expedida por Berkley International Seguros Colombia S.A., que asegura la devolución del anticipo y vence el 15 de noviembre de 2025, sin contemplar el plazo adicional de liquidación del contrato, que podría extenderse hasta por dos años. Esto deja al Estado sin protección efectiva sobre los recursos públicos una vez finalizado el periodo contractual.
El incumplimiento del contrato ha tenido impacto directo en la operatividad del Ejército, al impedir el mantenimiento de los helicópteros MI-17, claves para el transporte de tropas, abastecimiento logístico y operaciones de seguridad.
Varias de estas aeronaves permanecen inmovilizadas por falta de repuestos y mantenimiento preventivo, lo que limita la movilidad aérea y afecta la capacidad de respuesta ante emergencias o amenazas a la seguridad nacional.
Ante el panorama, la Contraloría General de la República pidió al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional adoptar medidas urgentes para garantizar la protección del patrimonio público, el cumplimiento del contrato y la recuperación de los recursos anticipados.
Revista COP 