La administración del presidente Donald Trump introdujo un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior que vincula la entrega de fondos federales con la adopción de principios ideológicos afines a su gobierno. Nueve de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos recibieron un documento que las invita a firmar el denominado Pacto por la excelencia académica, una iniciativa que promete beneficios económicos a cambio de alinearse con las prioridades políticas del mandatario.

El pacto ofrece acceso preferencial a determinadas subvenciones federales, además de participación prioritaria en eventos y reuniones con funcionarios de la Casa Blanca. Aunque el Gobierno asegura que las universidades no quedarían excluidas del financiamiento si rechazan el acuerdo, el mensaje implícito es claro, quienes lo firmen tendrían ventajas competitivas en la distribución de recursos.

El memorando fue enviado a instituciones como Vanderbilt, MIT, la Universidad de Pennsylvania, Dartmouth College y la Universidad del Sur de California, entre otras. Según fuentes del propio Gobierno, el documento busca “fortalecer la excelencia académica mediante la cooperación con la visión nacional del presidente”.

Entre las condiciones incluidas figuran la adopción de la definición gubernamental de género, la eliminación de criterios raciales o de diversidad en los procesos de admisión, la exigencia de pruebas estandarizadas como SAT o ACT, y la congelación de las matrículas durante cinco años. También se propone limitar la presencia de estudiantes internacionales al 15% del total del alumnado, una medida con potencial impacto financiero para universidades que dependen de esos ingresos.

Impacto económico para las universidades

El nuevo enfoque rompe con la política previa del Gobierno, basada en sanciones y recortes presupuestales a instituciones acusadas de sesgo liberal. Ahora, el incentivo económico se convierte en la herramienta principal para promover una agenda conservadora en los campus.

Las universidades que acepten el pacto podrían beneficiarse con mayor flujo de recursos públicos, lo que les permitiría ampliar programas o reducir costos operativos. Sin embargo, las que lo rechacen correrían el riesgo de perder acceso preferencial a esos fondos, lo que podría agravar las presiones presupuestarias que enfrenta gran parte del sistema educativo estadounidense.

En paralelo, la limitación a la matrícula extranjera podría reducir los ingresos por concepto de estudiantes internacionales, tradicionalmente una fuente clave de financiación. De acuerdo con datos federales, instituciones como Dartmouth y la Universidad del Sur de California registran un 14% de estudiantes foráneos, muy cerca del límite propuesto.

Críticas y preocupaciones sobre autonomía institucional

El plan fue recibido con fuertes críticas desde el ámbito académico. Ted Mitchell, presidente del American Council on Education, advirtió que el pacto representa “una amenaza directa a la independencia universitaria y a la libertad de expresión”. Por su parte, Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard, calificó la medida como “un intento de imponer control político a través de los recursos económicos”.

El Departamento de Justicia sería el encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos. Las universidades que incumplan las condiciones perderían los beneficios del pacto durante al menos un año, y hasta dos en caso de reincidencia.

Aunque la Casa Blanca sostiene que las instituciones son libres de rechazar el acuerdo, la creciente dependencia del financiamiento federal en el sector educativo plantea un dilema económico profundo: aceptar una mayor intervención política para garantizar estabilidad financiera, o preservar la autonomía institucional a costa de potenciales recortes.