El traslado forzoso de pacientes entre EPS, derivado del nuevo modelo de aseguramiento, plantea serios interrogantes sobre la continuidad de la atención y la capacidad del sistema para responder en regiones críticas, según un informe de Así Vamos en Salud.

Al menos 2,3 millones de colombianos deberán cambiar de Entidad Promotora de Salud (EPS) en los próximos seis meses, tras la entrada en vigor del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, que reorganizan el aseguramiento en diez regiones y 119 subregiones funcionales. La medida, que afecta al 4,4% de la población afiliada, será implementada directamente por el Gobierno nacional.

El más reciente análisis de Así Vamos en Salud, presentado este lunes 29 de septiembre, advierte que la transición podría generar “fuertes traumatismos” en el sistema, especialmente en un momento en que continúa la discusión de la reforma a la salud en el Congreso.

Riesgos para la libre elección y continuidad de tratamientos

Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es la pérdida del derecho a la libre elección de EPS. A diferencia del modelo actual, los usuarios serán reasignados automáticamente según criterios territoriales, sin posibilidad de escoger la entidad que administrará su atención médica.

“El usuario no solo pierde la EPS que eligió, sino que desconoce cuál entidad asumirá su atención. Esa incertidumbre, en sí misma, ya vulnera un derecho esencial”, señala el informe.

Aunque esta vez la reasignación no responde a la liquidación de aseguradoras, como ocurrió en años anteriores, la medida genera preocupación por sus efectos inmediatos en la prestación del servicio, la continuidad de tratamientos y la garantía de acceso a los medicamentos.

De acuerdo con las simulaciones sobre la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), las EPS de tamaño intermedio serán las más impactadas. Cajacopi deberá trasladar el 30,5% de sus afiliados; Coosalud, el 17,8%; Asmet Salud, el 17,1%; y Famisanar, el 13%.

Por el contrario, las grandes aseguradoras privadas —Sanitas, Sura y Salud Total— solo perderán entre 1,3% y 3,8% de sus afiliados. La Nueva EPS, de carácter estatal, conservará la totalidad de sus más de 11,7 millones de usuarios, al estar exceptuada las entidades con más del 20% de participación nacional.

El rediseño territorial también redefine las áreas de operación. Capresoca, por ejemplo, pasará de operar en 36 municipios a 175; Sanitas, de 415 a 646. En sentido contrario, Cajacopi, Coosalud y Salud Total reducirán significativamente su cobertura.

Regiones más afectadas y capacidad operativa limitada

La Región Noroccidental, integrada por Antioquia, Córdoba, Chocó y parte de Bolívar, será una de las más golpeadas. Allí, EPS como Coosalud y Cajacopi deberán transferir buena parte de sus afiliados. Situaciones similares se proyectan en las regiones Centro Oriente y Sur, donde entidades como Asmet Salud y Famisanar perderán presencia en varias subregiones.

El informe advierte que estas zonas son precisamente las más vulnerables, con infraestructura sanitaria limitada y redes asistenciales dispersas, lo que eleva el riesgo de interrupciones en tratamientos o demoras en la atención.

El director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, advirtió que ni los pacientes ni las EPS conocen con claridad cómo será la reasignación. “Los usuarios no saben a qué entidad serán trasladados, y las EPS desconocen cuántos afiliados recibirán o qué recursos tendrán para atenderlos”, explicó.

El experto señaló además que una parte significativa de los usuarios podría ser reasignada a la Nueva EPS, lo que, si bien sería coherente con la apuesta del Gobierno por fortalecer el sistema público, podría sobrecargar su capacidad operativa.

Galán enfatizó que el plazo de seis meses para ejecutar la reorganización “es difícilmente realizable sin afectar la atención en salud”, pues el proceso implica renegociar contratos, ajustar redes de prestación y modificar sistemas tecnológicos en tiempo récord.

El análisis también alerta sobre la falta de ajustes financieros en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que podría dejar a varias EPS sin los recursos necesarios para atender pacientes de alta complejidad. La reasignación, sin mecanismos de compensación, aumentaría el riesgo de desequilibrio económico en un sistema que ya enfrenta tensiones presupuestales.

Por otra parte, el Decreto 858 redefine el papel de las EPS al trasladar parte de sus funciones a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Esto puede provocar vacíos temporales, especialmente en zonas rurales, donde muchos pacientes podrían no saber a qué institución acudir durante los primeros meses de implementación.