El sector comercio empieza a sentir los efectos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Según un estudio de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), al menos 63 empresas han cerrado sus puertas en diferentes regiones del país desde la entrada en vigor de la nueva normativa.

La cifra, revelada durante el Congreso Nacional de Comerciantes en Medellín, fue presentada por el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, quien advirtió sobre un escenario “de alarma” debido al incremento de los costos laborales, el deterioro de la seguridad y la falta de confianza empresarial.

El informe, basado en una encuesta realizada a 1.228 empresarios de distintos tamaños —desde grandes superficies hasta tiendas de barrio—, indica que el 5% de los consultados ha cerrado parte o la totalidad de su negocio, lo que equivale a 61 establecimientos. Además, el 24% modificó los horarios de trabajo, el 19% redujo los turnos nocturnos y el 18% congeló o disminuyó su planta de personal.

“Dos de cada tres empresarios califican el impacto de la reforma en sus costos como alto o muy alto, lo que significa que la viabilidad de muchas empresas ya está comprometida en el corto plazo”, advirtió Cabal.

El líder gremial también destacó que el 75% de los empresarios considera que la reforma está incentivando la informalidad laboral. De ese grupo, el 48% percibe un aumento significativo y el 27% uno moderado.

Temor por los sobrecostos y el salario mínimo de 2026

Otro punto de preocupación es el impacto que podría tener el ajuste del salario mínimo para 2026. El 59% de los encuestados cree que un incremento elevado pondría en riesgo la sostenibilidad de sus empresas, y el 31% anticipa que necesitará aplicar recortes para poder mantenerse a flote.

Fenalco también señaló que el aumento progresivo del recargo dominical está golpeando con fuerza al comercio, uno de los sectores más afectados. El 46% de los empresarios considera que este cambio tendrá un impacto “grave” en sus finanzas, mientras que solo el 8% lo ve como un beneficio para los trabajadores.

La decisión del Gobierno de monetizar la cuota del SENA fue otro punto de fricción. El 67% de los empresarios manifestó estar en desacuerdo con esta medida, que, según el gremio, se suma a otras cargas como los recargos diurnos y nocturnos, aumentando la presión sobre las empresas.

Cabal insistió en la necesidad de abrir un diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores para evaluar los efectos reales de la reforma. “El comercio es una de las principales fuentes de empleo en Colombia, y si la reforma continúa debilitando al sector, será difícil alcanzar los objetivos de formalización que se prometieron”, concluyó.