El Congreso de la República tiene menos de un mes para definir el Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a COP$556,7 billones. Si no logra aprobarlo antes del 20 de octubre, el Gobierno de Gustavo Petro podrá expedirlo vía decreto, como ya ocurrió en 2024, lo que anticipa un nuevo pulso político entre Ejecutivo y legislativo.

El trámite arranca sin ponencia lista y con el plazo para radicarla venciendo el 25 de septiembre. Si logra presentarse y aprobarse en primer debate, el Congreso tendría tres semanas para avanzar en la discusión y evitar que el presupuesto quede en manos del Gobierno.

La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) advirtió que el panorama recuerda lo ocurrido con el Presupuesto de 2025, que terminó siendo decretado. Según ella, el Ejecutivo “infla el gasto con ingresos inciertos”, lo que obliga a recortes posteriores en sectores clave. En 2025, por ejemplo, se recortaron COP$12 billones tras el hundimiento de una reforma tributaria.

Ajustes y tensiones fiscales

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Ejecutivo contempla un recorte de COP$10 billones al monto global y que la reforma tributaria, que en principio buscaba recaudar COP$26,3 billones, se ajustaría a COP$16,3 billones. El objetivo es lograr un acuerdo con el Congreso y evitar un choque similar al de años anteriores.

Sin embargo, el marco fiscal sigue siendo frágil. El presupuesto representa el 28,8% del PIB, el segundo nivel más alto en la historia, con un crecimiento del 9% frente a 2025. Analistas como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advierten que el déficit fiscal podría cerrar este año en torno al 7% del PIB, una señal de alerta sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Desde el sector privado, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, hizo un llamado al Congreso para aprobar un presupuesto “realista” que evite una carga tributaria insostenible. Según el dirigente gremial, un aumento excesivo de impuestos no solo afectaría la competitividad, sino que también podría golpear la generación de empleo. Para la ANDI, lo responsable sería recortar COP$45 billones del proyecto presentado.

Presupuesto por sectores

Tal como está planteado, educación tendría la mayor asignación en 2026, con COP$88,2 billones, seguida de salud (COP$78,1 billones), defensa (COP$68,9 billones) y trabajo (COP$59,4 billones). También se contemplan COP$6,9 billones para la organización de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

El pulso entre el Gobierno y el Congreso determinará si este presupuesto se aprueba con consensos o si, una vez más, se define por decreto. La decisión marcará no solo el rumbo fiscal del próximo año, sino también el tono de la relación política en vísperas de un nuevo ciclo electoral.