El debate sobre el salario mínimo legal vigente (SMLV) para 2026 ya comenzó a agitar el panorama económico y político en Colombia. De acuerdo con un informe del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el incremento podría alcanzar el 12,4%, lo que llevaría el salario a la barrera simbólica de $1,6 millones, el aumento real más alto en cuatro décadas.

El punto de partida está en el aumento decretado para 2025, del 9,5%, que llevó el SMLV a $1.423.500 en un contexto de inflación anual de 5,2%. Para 2026, si la inflación cierra en 5%, como proyecta el banco, un ajuste en la misma proporción lo ubicaría en $1.558.773. Sin embargo, el informe sostiene que los gobiernos suelen otorgar aumentos más altos en el último año de mandato, lo que refuerza la expectativa de un alza de 12,4%.

El presidente Gustavo Petro ya anticipó que el país “despedirá el último año con un buen decreto de elevación del mínimo”, mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la idea de que los aumentos elevados no han tenido efectos negativos sobre el empleo ni la inflación.

Impacto sobre inflación y empleo

Un incremento del 12,4% implicaría un alza real del 7%, un alivio inmediato al poder adquisitivo de los hogares, pero con riesgos claros para el mediano plazo. Según el Banco de Bogotá, la inflación podría trepar hasta 4,7% en 2026, frente al 4,1% que marcaría con un aumento moderado.

Los costos laborales derivados del ajuste del mínimo, sumados a la reducción de la jornada laboral y a la entrada en vigor de la reforma laboral, ya han encarecido sectores intensivos en mano de obra. Restaurantes, peluquerías, guarderías, recreación, cultura y administración de copropiedades figuran entre los más afectados.

En paralelo, el Banco de la República ha advertido que los incrementos acelerados del mínimo también han impulsado la informalidad laboral, que repuntó en 2025.

Los analistas subrayan que la definición del salario mínimo será determinante no solo para la inflación y la política monetaria en 2026, sino también para el cierre de gobierno de Gustavo Petro. El uso del subsidio de transporte como herramienta de ajuste adicional, tal como ocurrió en 2024, podría volver a estar sobre la mesa.

En cualquier escenario, el país se enfrenta a un dilema: garantizar un mayor ingreso para millones de trabajadores o preservar el equilibrio macroeconómico en un año electoral y de alta incertidumbre fiscal.