Estados Unidos incluyó a Colombia en la lista de países descertificados en la lucha contra las drogas, una decisión que no se veía desde hace casi tres décadas y que, aunque no trae sanciones inmediatas, abre un escenario de incertidumbre en materia económica, de cooperación y de inversión extranjera.
La Casa Blanca otorgó al país un waiver de interés nacional que evita la suspensión automática de recursos, pero condiciona la permanencia de la asistencia a que en los próximos 12 meses se evidencien resultados concretos en erradicación de cultivos ilícitos, reducción de la producción de cocaína, cooperación judicial y persecución financiera a las organizaciones criminales.
El principal riesgo es la afectación de los cerca de 450 millones de dólares anuales en cooperación que recibe Colombia de EE. UU. en materia de seguridad, sustitución de cultivos y fortalecimiento institucional. De no lograrse avances verificables, estos recursos podrían recortarse o reorientarse hacia otros países de la región.
Según María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), lo que está en juego no es solo la cooperación antidrogas, sino también la estabilidad de la relación económica bilateral. “La descertificación afecta la confianza de inversionistas y puede impactar sectores como el comercio, el turismo y el acceso a financiamiento internacional”, afirmó.

Un mensaje que golpea la confianza
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió que la decisión es un fuerte llamado de atención al Gobierno y un factor que puede influir negativamente en la percepción de riesgo país. “Si Colombia no logra demostrar resultados en el corto plazo, se corre el riesgo de deteriorar la relación con nuestro principal socio comercial y de afectar la llegada de inversión extranjera directa”, señaló.
En la misma línea, Javier Díaz, presidente de Analdex, consideró que aunque la medida no contempla sanciones automáticas, sí envía una señal negativa a los mercados. “Lo que se cuestiona aquí es el liderazgo político frente a un problema estructural, y eso tiene repercusiones en la reputación internacional del país”, indicó.

Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en 2023 los cultivos de hoja de coca alcanzaron 253.000 hectáreas, un incremento del 10 % frente al año anterior. Esto no solo alimenta la economía ilegal, sino que impacta de manera indirecta la estabilidad macroeconómica del país.
Para el Gobierno estadounidense, la incapacidad de cumplir con metas de erradicación y reducción de la producción durante la administración Petro debilita años de cooperación bilateral y pone en entredicho la efectividad de los programas de sustitución voluntaria.
Comercio e inversión bajo presión
Más allá de la ayuda financiera, la descertificación puede influir en la agenda comercial. Estados Unidos es el destino de más del 25 % de las exportaciones colombianas, principalmente de petróleo, flores, café y confecciones. Una relación política tensionada podría dificultar la renovación de beneficios arancelarios o frenar nuevas rondas de negociación en materia de inversión.
El sector empresarial teme que esta decisión incremente la percepción de riesgo en los mercados internacionales y afecte el acceso a crédito externo, justo en un momento en que Colombia requiere financiamiento para cubrir un déficit fiscal cercano al 5,3 % del PIB.

Colombia tiene un margen estrecho para revertir la situación. El waiver de interés nacional concede un plazo de un año para que el Gobierno presente resultados verificables. Si no lo logra, el país podría enfrentar restricciones en cooperación, acceso a financiamiento internacional y relaciones comerciales con su socio más importante.
En palabras de Lacouture, “la única salida es demostrar voluntad política con una hoja de ruta clara y metas medibles. Solo así Colombia podrá solicitar la reconsideración de la descertificación en el próximo ciclo”.
El costo de no hacerlo puede ir más allá de los millones de dólares en cooperación: podría comprometer la credibilidad económica de Colombia en el escenario internacional.
