El Gobierno Nacional replanteó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, anunció ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso que se reducirá en $10 billones el monto inicialmente propuesto y que la tercera reforma tributaria —denominada ley de financiamiento— también será ajustada, pasando de una meta de recaudo de $26,3 billones a $16,3 billones.
El Presupuesto General de la Nación para 2026 fue radicado por el Ejecutivo con un valor de $556,9 billones, respaldado por un proyecto de financiamiento que buscaba recaudar $26,3 billones en nuevos impuestos. Sin embargo, tras las críticas recibidas en el Congreso y el ambiente político adverso, el Ministerio de Hacienda decidió reacomodar las cifras para abrir espacio a un consenso.
“Consideramos la posibilidad de reducir en $10 billones el Presupuesto global de 2026 y, en paralelo, ajustar en la misma proporción la ley de financiamiento, que pasará a tener un alcance de $16,3 billones”, explicó el ministro Ávila.
El funcionario insistió en que la meta del Gobierno es mantener la sostenibilidad fiscal y asegurar que el gasto público esté respaldado con ingresos permanentes. Según Ávila, el criterio central es “proteger el crecimiento y el desarrollo económico como herramientas que permitan cubrir la brecha fiscal y sostener la estabilidad de la economía del país”.
Reforma tributaria más corta
La nueva versión de la reforma tributaria buscará mantener un enfoque progresivo, preservando los puntos más sensibles de renta y patrimonio, pero ajustando los impuestos indirectos. Entre las medidas que siguen en discusión se encuentran el incremento del IVA a los combustibles, así como mayores cargas impositivas a los juegos de azar y a las bebidas alcohólicas.
El ministro señaló que estos tributos adicionales estarían destinados, en parte, a financiar el sistema de salud y a aliviar las presiones de gasto del Gobierno Nacional. “El esfuerzo tributario debe ser progresivo. Queremos mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio porque garantizan un alto nivel de progresividad en el sistema”, puntualizó Ávila.
No obstante, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que $7,8 billones contemplados en la reforma no serían ingresos nacionales sino territoriales, provenientes de impuestos al consumo de licores y cigarrillos. El Ministerio respondió que esos recursos no afectan lo que hoy reciben las entidades territoriales, ya que serían destinados al aseguramiento en salud.
Las discusiones apenas comienzan en las comisiones económicas, que deberán definir si acompañan al Ejecutivo en su intención de ajustar el presupuesto y la tributaria. La decisión será determinante para el rumbo de las finanzas públicas en 2026, un año que coincidirá con la campaña presidencial y que marcará la recta final del actual Gobierno.
Aunque Minhacienda insiste en que el recorte y la reducción de la meta tributaria buscan generar confianza y facilitar un acuerdo político, los reparos sobre la falta de ejecución y la carga impositiva a los ciudadanos seguirán dominando el debate.
El pulso entre Gobierno y Congreso se centrará en encontrar un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y protección de la inversión social, en un escenario de alta presión política y económica.
Revista COP 