El Gobierno colombiano radicó en el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que asciende a $557 billones. Este monto, que equivale al 28,8% del PIB, lo convierte en el segundo presupuesto más alto de la historia reciente. Sin embargo, su propuesta ha generado preocupación entre analistas, gremios y el Banco de la República, quienes advierten sobre un posible riesgo de insostenibilidad fiscal.
Expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señalan que el presupuesto no es lo suficientemente austero, pues su crecimiento del 9% es más del doble de la inflación esperada. Según Mejía, esto podría agravar la falta de ingresos del Gobierno para cubrir sus compromisos.
En la misma línea, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, advirtió sobre un «desajuste estructural» en las finanzas públicas, causado por la sobreestimación de los ingresos y un gasto que es inflexible.
Por su parte, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, afirmó que el proyecto no envía las señales de disciplina fiscal que el país necesita. El presupuesto proyecta un gasto $18,2 billones mayor al previsto y una reducción en el pago de intereses de deuda sin un sustento claro. Salazar destacó que esta situación ha elevado la prima de riesgo del país, encareciendo el financiamiento público.
El Gobierno, a través de la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, ha defendido el PGN como una herramienta para la reducción de las desigualdades. El presupuesto destina $88,8 billones a la inversión pública, con un enfoque en la regionalización para priorizar territorios históricamente excluidos.
En cuanto a la distribución, el incremento del presupuesto se concentra en el funcionamiento, con un aumento del 8,8%, y en la inversión, que sube un 6,9%. El servicio de la deuda, en contraste, se reduce en un 13%. Los sectores que recibirían los mayores aumentos son Salud (+$8,2 billones), Educación (+$6,7 billones) y Trabajo (+$5 billones). Por el contrario, los mayores recortes afectarían a Vivienda (-$1,5 billones) y Agricultura (-$1,4 billones).
