El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, radicó ayer ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. El monto propuesto asciende a $556,9 billones de pesos, lo que representa un incremento real del 8% en comparación con el presupuesto actual. Esto equivale a $40,8 billones adicionales de gasto por encima de la inflación, reflejando una apuesta por el crecimiento y el desarrollo.
No obstante, una parte crucial de este presupuesto, $26,3 billones (equivalente al 1,4% del PIB), corresponde a recursos contingentes. La ejecución de estos fondos estará directamente condicionada a la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento, es decir, una reforma tributaria. Este monto es sin precedentes, especialmente considerando que al Gobierno le resta solo un año de gestión. Además, el Congreso ya le negó la aprobación de una Ley de Financiamiento en 2024, que buscaba un recaudo de $12 billones.
Las reformas tributarias de mayor recaudo en los últimos tres gobiernos fueron la de 2021 (Ley 2155), que generó $15,2 billones, y la de 2022 (Ley 2277), que obtuvo $19,7 billones, ambas bajo la actual administración. El ministro Ávila destacó que el Presupuesto refleja una «estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo». Prioriza la eficiencia del gasto y la inversión como pilares para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.
Ávila señaló que la aprobación de esta ley de financiamiento es clave para contar con las fuentes de recursos necesarias. El monto del PGN propuesto es consistente con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025.
Desafíos fiscales y advertencias sobre el déficit
Para el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el desfinanciamiento de $26,3 billones contrasta con las metas de ajuste fiscal necesarias. Estas metas buscan retomar una senda sostenible de deuda y déficit tras la activación de la cláusula de escape. Sin medidas estructurales en ingresos y gasto, el déficit fiscal y la deuda podrían deteriorarse a niveles similares, o incluso superiores, a los observados durante la pandemia.
Aunque Anif ha proyectado que el déficit fiscal para 2025 podría alcanzar el 7,8% del PIB, y la deuda pública rondaría entre 63% y 65%, el ministro Ávila insistió en que el proyecto de ley permite una gestión fiscal compatible con la estabilidad macroeconómica. Subrayó que «un ajuste fiscal que asfixie el crecimiento pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública». Esto reduciría la base del recaudo tributario y la capacidad de pago del país.
El Banco de la República también ha advertido sobre el aumento del déficit fiscal previsto. Considera que esto constituye un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, reduce el margen de maniobra para el relajamiento de la política monetaria. Leonardo Villar, gerente del Emisor, afirmó que un mayor déficit limita la posibilidad de ejecutar una política monetaria más expansiva y reduce el margen para bajar la tasa de interés.
Revista COP 