El primer intento de diálogo entre el Gobierno colombiano y los productores de arroz fracasó, prolongando un paro agrario de cuatro días. Esta situación mantiene en vilo a más de 16.000 agricultores, con vastas regiones productoras paralizadas. El descontento se ha intensificado ante la falta de soluciones concretas.
La mesa de negociación, con funcionarios de alto nivel, no logró avanzar. La ausencia de las ministras de Agricultura y Comercio, esperadas por los voceros arroceros, fue un punto de quiebre. Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, calificó su inasistencia como una falta de respeto.
Los productores exigen un precio mínimo real, entre COP 205.000 y COP 220.000 por carga de arroz paddy verde. El precio actual, entre COP 170.000 y COP 185.000, genera pérdidas de hasta COP 2.800.000 por hectárea. Esta caída desde COP 235.000 es devastadora para las familias.
Denuncian incumplimientos de acuerdos previos de marzo, que incluían subsidios y un precio piso. La sobreoferta, con inventarios 68% superiores al promedio de la década, y el contrabando sin control, agravan su crisis. La demanda nacional no absorbe la producción actual.
El Ministerio de Agricultura lamentó el retiro de la mesa y reiteró su disposición al diálogo. Destacaron medidas como un proyecto de resolución para precio regulado, disponible para comentarios hasta el 18 de julio. También mencionaron una solicitud de salvaguardias arancelarias.
Se llevó a cabo una visita a Rumichaca para un plan de choque contra el contrabando. Además, una Mesa Nacional del Arroz se realizó el 14 de julio, con participación de gobernadores y actores del sector. El Gobierno enfatiza su voluntad de diálogo.
A pesar de estas acciones, los arroceros insisten en negociar con funcionarios con poder de decisión real. Gutiérrez afirmó que 28 reuniones previas con «funcionarios de segunda línea» no han dado resultados. Las regiones del Cesar, Tolima, Casanare, Huila y Meta permanecen bloqueadas.
Las pérdidas del sector ya superan los COP 297.000 millones en el primer semestre. Se proyecta que esta cifra podría duplicarse para fin de año si la crisis persiste. Los productores responsabilizan al Gobierno por cualquier alteración del orden público.
Revista COP 