La Contraloría General de la República inició el pasado 15 de julio una auditoría de cumplimiento exhaustiva. El objetivo es examinar las millonarias inversiones de Ecopetrol en proyectos eólicos y solares. Adicionalmente, el organismo de control está revisando las acciones del Ministerio de Minas y Energía, específicamente a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).

Estas investigaciones se extenderán hasta principios de diciembre. Podrían derivar en hallazgos administrativos, disciplinarios o con incidencia penal, según las situaciones identificadas. La intención de la Contraloría es hacer un barrido completo. Buscan revisar los compromisos, planes de trabajo y proyectos. Analizarán su alcance, fuentes de financiación, resultados esperados y avances de las iniciativas en un periodo determinado.

Aunque es una auditoría general a todo el sector de minas y energía, se hará un énfasis particular en las recientes adquisiciones de Ecopetrol. Se examinarán las compras de parques solares y eólicos a empresas como Enel Colombia y Statkraft European Wind and Solar Holding. También se revisará el acuerdo de Ecopetrol con AES Colombia para adquirir el 49% de seis parques eólicos en La Guajira.

Fuentes cercanas al proceso señalan una principal preocupación de la Contraloría. Estas iniciativas no se perciben como parte de un proceso ordenado de transición energética. Se cuestiona si la transición se ha entendido solo como la compra de paneles solares o el cambio de plantas de generación térmica. Esto, sin considerar el impacto en el empleo, los impuestos o la eficiencia de costos.

En cuanto a la auditoría del Ministerio de Minas y Energía, incluirá otros fondos como el Faer y el Fazni. También se revisará el manejo de subsidios y las decisiones administrativas con incidencia en la calidad de los servicios de energía y gas natural. Se busca asegurar la transparencia en la gestión de estos recursos.

Otro tema que genera atención son los convenios del Fenoge con las juntas de acción comunal para el programa Colombia Solar. Para cada junta hay un tope de $500 millones. La Contraloría busca garantizar el uso eficiente y transparente de estos recursos. Quieren evitar que se desvíen para fines proselitistas en las regiones.

Finalmente, la auditoría también contempla una revisión a fondo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en Colombia (FEPC). Se analizará el plan de inversiones de las empresas públicas, sus fuentes de financiamiento y su sostenibilidad. Esto incluye a todas las electrificadoras, tanto de capital público como privado, para asegurar una gestión adecuada.