Desde hoy, 15 de julio de 2025, se implementa una transformación clave en las condiciones laborales de Colombia. La jornada máxima de trabajo para millones de colombianos se reduce oficialmente de 46 a 44 horas semanales. Este cambio, estipulado en la Ley 2101 de 2021, es un paso fundamental que mantiene intactos salarios y derechos adquiridos. La nación avanza hacia un balance renovado.

La Ley, aprobada en julio de 2021, busca disminuir progresivamente la jornada semanal. Su objetivo principal es llegar a 42 horas para julio de 2026. Esta implementación gradual permite a empresas y trabajadores adaptarse. Refleja un compromiso con la modernización de las condiciones laborales del país y el bienestar del empleado. Es un proceso planificado.

Un aspecto crucial de esta normativa es que la reducción de horas no implicará una disminución salarial. Los empleadores deben continuar reconociendo el salario completo y todos los beneficios establecidos por ley. El Ministerio del Trabajo ha subrayado que cualquier incumplimiento acarreará sanciones. Se garantiza que el poder adquisitivo se mantenga en cada hogar.

La legislación también ofrece flexibilidad para la distribución de estas 44 horas semanales. Empleadores y empleados pueden acordar si se trabajan en cinco o seis días. Siempre se debe garantizar el día de descanso obligatorio. Las jornadas pueden organizarse en turnos que oscilan entre cuatro y nueve horas diarias. Esto permite adaptabilidad a distintas necesidades.

Existen algunas excepciones importantes a esta regla general. Los trabajos considerados insalubres o peligrosos podrían tener una reducción adicional, respaldada por dictámenes técnicos. Para adolescentes, se establecen límites más estrictos: jóvenes de 15 a 17 años no deben exceder las 30 horas semanales. Se protege así a la población más joven.

El Gobierno colombiano realizará evaluaciones continuas para monitorear el impacto de la medida. En los próximos cinco años, se hará un análisis detallado, con informes anuales al Congreso. Este seguimiento busca verificar el cumplimiento y los efectos económicos de la ley. Se asegura una implementación responsable y transparente en el tiempo. La meta es clara.