El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha solicitado formalmente al presidente de la Corte Constitucional que precise las fechas de entrada en vigor de la reforma pensional. Esta petición surge en medio del estudio que el alto tribunal realiza sobre las demandas contra la ley. Recientemente, la Corte suspendió la aplicación de la norma hasta que se decida su constitucionalidad, dejando en espera los cambios previstos para el 1 de julio.
Por ahora, la reforma pensional permanecerá en pausa hasta que la Sala Plena de la Corte tome una decisión definitiva. A pesar de los debates en la Cámara de Representantes y el trámite de subsanación, las fechas originales no se modificaron. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el tiempo que tomará esta resolución y el mecanismo oficial para comunicarla: si será un comunicado o la publicación de una sentencia.
A Villar le preocupa la diferencia entre la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, nombre oficial de la reforma, y la fecha de inicio efectivo del nuevo sistema pensional. Inicialmente, el Congreso había establecido un plazo de 12 meses entre ambas, pero si entran en vigor al mismo tiempo, el BanRep anticipa problemas para la implementación adecuada. Un ejemplo son los decretos reglamentarios ya emitidos por el Gobierno, cuya validez podría quedar en entredicho.
Por ello, el gerente del emisor pidió a la Corte considerar diferir la entrada en vigencia del nuevo sistema hasta tres meses después de la publicación de la sentencia. Esto permitiría un alistamiento adecuado. Villar hizo hincapié en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que será administrado por el Banco Central como una cuenta especial. Su operación está sujeta a la vigencia de la ley, su reglamentación y la firma de un contrato con la Nación.
Villar cuestionó si el Gobierno debería modificar los plazos de los regímenes de transición si los decretos reglamentarios mantienen su vigencia, considerando que el régimen del FAPC estaba previsto para el 1 de julio de este año. El Banco Central había presionado al Gobierno para que emitiera el marco reglamentario con suficiente antelación, colaborando en su elaboración y publicación a finales de mayo.
Una vez el nuevo sistema pensional esté en firme, el BanRep tendrá numerosas tareas adicionales. Entre ellas se incluyen la definición de procedimientos para recibir recursos, la selección de gestores de portafolio y la fijación de políticas de inversión. Villar reveló que el Banco de la República ha estado trabajando activamente para asumir sus nuevas funciones. Han creado un departamento especial y un comité administrativo, además de expedir un reglamento e implementar medidas operativas.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se pronunció sobre la decisión de la Corte. Señaló que el trámite legislativo cumplió con los requisitos y que la Corte ahora debe definir la fecha de entrada en vigencia. Dussán afirmó que Colpensiones está lista para recibir a nuevos afiliados, invitando a «todos los 17 millones y medio de colombianos» a pasarse a la entidad, con o sin la vigencia de la ley, pues ya está permitido.
Revista COP 