La Fiscalía General de Colombia embargó dos oficinas en Bogotá de la petrolera anglofrancesa Perenco. La acción se da en el marco de una investigación que señala a la multinacional de haber financiado a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el noreste del país entre 1997 y 2005.
Desde 2010, exparamilitares que se acogieron a la justicia han acusado a Perenco de financiar a este sangriento grupo antiguerrillas. Las AUC fueron responsables de numerosos crímenes durante los peores años del conflicto armado interno colombiano.
Las oficinas y los bienes en su interior, avaluados en unos 10 millones de dólares, serán destinados a un fondo de reparación de víctimas. Este fondo fue creado tras la desmovilización de unos 30.000 combatientes en 2006, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. La medida fue ordenada por un tribunal de Bogotá bajo la ley de Justicia y Paz.
Según testimonios de excombatientes de las AUC, la petrolera financió a la organización con «dinero, combustible, alimentación y transporte». A cambio, recibía un «servicio de seguridad» en los pozos de extracción de crudo. La Fiscalía asegura que esta alianza permitió a Perenco «incrementar su patrimonio» durante ese periodo.
Perenco, que se instaló en Colombia en 1993, no se ha pronunciado sobre el embargo. La compañía produjo en 2024 cerca de 165.000 barriles de crudo diarios en 34 campos petroleros ubicados en Casanare, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Esta no es la primera vez que una multinacional es señalada de financiar a grupos paramilitares en Colombia. En junio de 2024, la justicia estadounidense responsabilizó a la bananera Chiquita Brands por patrocinar a las AUC en la región de Urabá. Además, desde 2023, dos directivos de la minera de carbón estadounidense Drummond enfrentan un juicio en Colombia por vínculos con el mismo grupo en el departamento del Cesar.
El prolongado conflicto armado en Colombia, que ha enfrentado a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, ha dejado un saldo devastador. Se estima que la guerra interna ha provocado 1,1 millones de muertos, 200.000 desaparecidos y 9 millones de desplazados. El embargo a Perenco subraya la complejidad y las profundas ramificaciones económicas del conflicto.
Revista COP 