El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, ha lanzado una seria advertencia sobre el sistema de salud del país. Según Mac Master, Colombia atraviesa una «crisis humanitaria» debido a la insuficiente Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado para cubrir los servicios.
Mac Master criticó al Ministerio de Salud por no cumplir la orden de la Corte Constitucional de revisar la metodología de cálculo de la UPC. Dicha orden buscaba garantizar un valor que realmente permitiera cubrir los costos de atención. El dirigente gremial enfatizó que el Ministerio «está en mora» de definir un nivel que asegure un sistema de salud de calidad y oportuno para los ciudadanos.
El Gobierno había definido un incremento de la UPC del 5,31% para 2025, una cifra que, según estimaciones de diversos actores del sector, es claramente insuficiente. Mac Master señaló que «hay varios cálculos que indican que debe ser al menos dos o tres veces ese nivel» para cubrir los costos operativos reales y evitar el deterioro de la atención médica.
La insuficiencia de recursos ya está generando graves afectaciones, según el presidente de la Andi. «Eso está conduciendo a que haya una crisis explícita en este momento en una gran cantidad de entidades que están teniendo que cerrar servicios y que limitar la atención de pacientes por la falta de recursos», advirtió Mac Master, subrayando el impacto directo en la prestación de servicios.
Además, Mac Master cuestionó la decisión del Gobierno de reactivar las mesas de trabajo para revisar la UPC «seis meses tarde o seis meses después» de lo debido. La expectativa del sector es que estas mesas permitan no solo establecer el valor necesario para la prestación de los servicios, sino también revisar las consecuencias de los prolongados retrasos en la toma de decisiones.
El debate sobre la UPC se desarrolla en un contexto de creciente presión financiera en el sistema de salud. Clínicas, hospitales y EPS han reportado grandes dificultades para garantizar la atención, con retrasos en pagos y cierres de servicios, lo que impacta directamente a los pacientes. Pese al mandato de la Corte Constitucional para asegurar la sostenibilidad, el sector sigue a la espera de una solución definitiva.
Revista COP 