El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha emitido una contundente advertencia al Gobierno Nacional. La deuda pública de Colombia está en una senda peligrosa. Si no se aplican esfuerzos fiscales adicionales a los planteados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la deuda neta podría escalar hasta un preocupante 64,3% del PIB en 2027, acercándose al límite legal del 71%.
Según el CARF, la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal entre 2025 y 2027, que otorga flexibilidad en el manejo del déficit, no debe ser una excusa para aplazar ajustes. La entidad subraya que la senda de reducción fiscal propuesta por el Gobierno es «insuficiente» para devolver la deuda a niveles considerados prudentes.
El director técnico del CARF, Juan Sebastián Betancourt, enfatizó que el desequilibrio fiscal actual es sustancial, impulsando la deuda a niveles históricos. Instó a que la reducción del déficit fiscal inicie en 2025 y no se posponga. Un ajuste más rápido mitigaría riesgos como el aumento de las primas, la inflación, el precio del dólar y los costos de financiamiento, protegiendo así la inversión y el bolsillo de los colombianos.
Para cumplir con la meta de déficit fiscal de 7,1% del PIB en 2025, aprobada por el Confis, se necesita un ajuste de $8,3 billones. El desafío se agudiza para 2026, con una meta del 6,2% del PIB, lo que demandaría un esfuerzo de $33 billones. Parte de este monto podría provenir de una nueva reforma tributaria que el Gobierno espera presentar, la cual podría aportar hasta $19,7 billones. El resto requeriría recortes al gasto, posiblemente a través de una comisión de gasto estructural.
El CARF proyecta que la deuda pública continuará su ascenso hasta 2027 y, aunque comenzaría a descender lentamente desde 2028, se mantendría lejos del «ancla» de sostenibilidad a largo plazo, fijada en el 55% del PIB. Para alcanzar este objetivo, se necesitaría un balance primario positivo (ingresos superando gastos sin contar intereses) de entre 1,5% y 2% del PIB durante la próxima década, cifra superior al 1,1% promedio que prevé el escenario oficial.
La advertencia del Comité es clara: los ajustes fiscales no pueden seguir postergándose. La consolidación fiscal no es solo una tarea del Ejecutivo; requiere una hoja de ruta seria, respaldada por acuerdos políticos, sociales y legislativos. Estos acuerdos son esenciales para lograr recortes en gastos inflexibles y fortalecer los ingresos del Estado. El CARF, como órgano independiente, reafirma su compromiso de vigilancia técnica y de alerta para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y el bienestar colectivo del país.
Revista COP 