La reforma laboral en debate en el Congreso podría incrementar la informalidad y el desempleo, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). José Ignacio López, presidente de Anif, propuso una evaluación obligatoria a los dos años de implementada la reforma para monitorear sus efectos y ajustar posibles impactos negativos en el empleo formal.
López destacó que el aumento de costos laborales amenaza a sectores como transporte, comercio, servicios de comida y entretenimiento, que dependen de flexibilidad operativa. Anif estima que 140.000 empleos estarían en riesgo si la reforma se aprueba sin modificaciones, especialmente en micro y pequeñas empresas, vulnerables a mayores cargas financieras.
El líder de Anif expresó escepticismo sobre la política de reactivación del Gobierno, limitada al pacto por el crédito, y llamó a diseñar estrategias más claras para dinamizar la economía. “Todavía estamos a tiempo de pensar nuevas políticas de reactivación que mitiguen esta preocupación”, afirmó en un encuentro con medios.
La propuesta de Anif busca evitar los errores de la reforma laboral de 2002, que no incluyó un seguimiento adecuado. “Queremos evaluar los efectos en diferentes sectores y tipos de contratación para corregir a tiempo si la informalidad o el desempleo aumentan”, explicó López, enfatizando un enfoque basado en evidencia.
Sectores y mipymes en riesgo
Sectores como transporte y almacenamiento, junto con microempresas, enfrentan mayores riesgos debido a su necesidad de flexibilidad. López celebró que el Senado discuta tratamientos diferenciados para mipymes, pero insistió en la necesidad de un monitoreo continuo para evitar que la reforma dispare la informalidad en estos segmentos.
Entre los puntos críticos, Anif cuestiona los recargos nocturnos, dominicales y festivos, que encarecerían la operación. También propone que la prima de desempeño solo aplique si el país crece por encima del 4%, protegiendo a empresas en contextos económicos débiles de cargas adicionales.
El contrato de aprendizaje, flexibilizado con éxito en 2002, es otra preocupación. Restricciones a este mecanismo podrían limitar el acceso de jóvenes al mercado laboral, un segmento ya afectado por altas tasas de desempleo en Colombia.
Anif subraya que una evaluación a dos años permitirá ajustes si la formalidad se deteriora. “No queremos aprobar una reforma en 2025 y descubrir en 2035 que la informalidad creció sin correcciones”, alertó López, abogando por transiciones más graduales si los riesgos se materializan.
Revista COP 