A menos de un mes de su entrada en vigor el 1 de julio de 2025, la reforma pensional de Colombia enfrenta un obstáculo crítico: la falta de un contrato interadministrativo entre el Gobierno y el Banco de la República, según alertó Leonardo Villar, gerente del Emisor, en la Convención Bancaria.
El Fondo de Ahorro Pensional del Banco de la República (Fapc), creado por la Ley 2381 de 2024, gestionará los ahorros de los trabajadores para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional. Sin el convenio, el Banco no puede seleccionar administradores delegados para los portafolios de inversión.
Villar destacó que el Banco está listo desde hace más de un año, pero “el reto es enorme” debido a la demora en la firma del contrato, esencial para administrar los recursos del Fapc. “La capacidad del Banco para cumplir dependerá de pasos previos que no están bajo nuestra responsabilidad”, afirmó.
El Decreto 0574, emitido el 29 de mayo, reglamentó la contratación de terceros para la custodia e inversión de los recursos, provenientes de aportes de trabajadores y del Presupuesto General. Estos fondos, de carácter parafiscal, no integrarán las reservas internacionales.
Colpensiones, bajo supervisión del Ministerio de Hacienda, calculará el pasivo pensional, mientras el Banco se enfocará en la gestión de los ahorros. La demora en el contrato pone en riesgo la implementación oportuna de la reforma, afectando las pensiones vitalicias.
Además, la Corte Constitucional evalúa una ponencia que podría declarar inconstitucional la Ley 2381 por vicios de trámite. Una decisión antes del 1 de julio es crucial para evitar incertidumbre en el sector, según expertos.
La falta de agilidad en el convenio amenaza la capacidad del Banco para cumplir su rol, comprometiendo la estabilidad financiera del sistema pensional en un momento clave para su reestructuración.
Revista COP 